Yo, Patricia Raposo Fernández, letrada de la Administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pontevedra, hago saber que en el presente procedimiento, seguido a instancia de Recreativos Mafari, S.A. frente a Marta Dionisio Rodríguez, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Sentencia nº 167/2016.

Pontevedra, 17 de octubre de 2016.

Vistos por Cristina Delgado Moro, magistrada jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Pontevedra y su partido judicial, los presentes autos de juicio ordinario número 960/2014 sobre responsabilidad contractual, promovidos a instancia de la mercantil Recreativos Mafari, S.A., representada por el procurador Sr. Sanjuan Fernández y asistido por el letrado Sr. Cuíñas Rodríguez, contra Marta Dionisio Rodríguez, en situación de rebeldía procesal, constando suficientemente acreditadas sus circunstancias personales en autos.

Fallo:

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el procurador Sr. Sanjuan Fernández, en nombre y representación de la mercantil Recreativos Mafari, S.A. debo:

– Declarar resuelto el contrato privado de instalación y cesión de derecho de exclusiva de máquinas recreativas firmado por las partes el 19 de marzo de 2014.

– Condenar a Marta Dionisio Rodríguez a abonar a la mercantil Recreativos Mafari, S.A., en concepto de cláusula penal, la cantidad de 10.400 euros.

Todo ello con imposición de las costas causadas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes y comuníquesele que frente a la misma cabe recurso de apelación, cuyo conocimiento le corresponde a la Audiencia de Pontevedra, debiéndose interponer el mismo ante este juzgado en el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de su notificación

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo acuerdo, mando y firmo».

Y encontrándose dicha demandada, Marta Dionisio Rodríguez, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que le sirva de notificación en forma.

Pontevedra, 17 de octubre de 2016

La letrada de la Administración de justicia