Yo, María Iria Román Vidarte, letrada de la Administración de justicia del Juzgado del Social número 1 de Santiago de Compostela, hago saber que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 124/2019 de este juzgado del social, seguido por instancia de José Luis Márquez Citoula contra Hipescar, S.L. y Fidel Derivados Cárnicos, S.L., sobre despido, fue dictada la resolución cuya parte dispositiva dice:

«Decreto:

Letrada de la Administración de justicia Elena Pereira Bernárdez.

Santiago de Compostela, ocho de septiembre de dos mil veinte.

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar a las ejecutadas, en forma solidaria, Hipescar, S.L. y Fidel Derivados Cárnicos, S.L., en situación de insolvencia total, por el importe de 77.903,56 euros en concepto de principal (25.185,92 euros en concepto de salarios de trámite y 52.717,64 euros en concepto de indemnización), más otros 7.790,35 euros que se fijan provisoriamente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, sin perjuicio de reaperturar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de las ejecutadas.

c) Una vez firme la presente resolución, procédase a su inscripción en el registro correspondiente.

Modo de impugnación. Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente (artículo 188 de la LJS).

La letrada de la Administración de justicia».

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fidel Derivados Cárnicos, S.L., en ignorado paradero, expido este edicto para su inserción en el Diario Oficial de Galicia.

Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Santiago de Compostela, 10 de septiembre de 2020

La letrada de la Administración de justicia