Antecedentes:

1. El monte Castro, del ayuntamiento de Coristanco, se inscribió en el Catálogo de montes de utilidad pública (CUP) con el número 57. El catálogo asigna su pertenencia a la parroquia de Castro y le atribuye una superficie pública de 70 ha. No obstante, el monte no fue deslindado, y según la planimetría del Servicio de Montes de A Coruña su cabida real es de 53 ha.

2. El día 10.6.2013 la técnica del Distrito Forestal II (Bergantiños-Mariñas Coruñesas) informó que el monte Castro no cumple con ninguno de los supuestos que se mencionan en el artículo 27.1 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, de acuerdo con los cuales un monte puede ser incluido en el Catálogo de montes de utilidad pública. En concreto, informó que el monte está poblado actualmente por pies de Eucalyptus sp en la mayor parte de su superficie. El sotobosque está compuesto por matorral del género Ulex sp y Pteridium aquilinum. No hay ningún curso de agua que transcurra por la superficie pública del monte ni riesgo de erosión. Aunque el ayuntamiento de Coristanco está en zona ZAR (zona de alto riesgo de incendio), no existe constancia de que el monte hubiese sufrido ningún incendio forestal.

En consecuencia, propone la posibilidad de excluir el monte público Castro del Catálogo de montes de utilidad pública.

3. El día 8.7.2013 la jefa del Servicio de Montes de A Coruña notificó al Ayuntamiento de Coristanco (titular del monte) un trámite de audiencia en aplicación del artículo 28.1 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, y del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. El ayuntamiento no presentó ninguna alegación en el plazo establecido.

4. El día 9.7.2013 el Servicio de Montes de la Jefatura Territorial de la Consellería del Medio Rural y del Mar solicitó a Augas de Galicia que emitiese un informe para corroborar que no concurren los supuestos regulados en los párrafos b), c), d), e), f) y h) del artículo 27.1 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia. No se recibió ninguna contestación de este órgano.

5. El día 30.7.2013 la Jefatura Territorial de la Consellería del Medio Rural y del Mar emitió un informe-propuesta de descatalogación del monte de utilidad pública Castro en el que propone la procedencia de su exclusión del catálogo por haber desaparecido las causas que motivaron su declaración.

6. El día 11.9.2014 el secretario general del Medio Rural y Montes, teniendo en cuenta el informe-propuesta que emitió el Servicio de Montes de A Coruña, propone la declaración de la pérdida de la condición de utilidad pública y la consiguiente exclusión del Catálogo de montes de utilidad pública, del montes Castro (nº 57).

7. El día 18.9.2014 el Servicio Técnico-Jurídico solicitó un informe a la Asesoría Jurídica sobre esta orden.

8. El día 1.10.2014 la Asesoría Jurídica emitió el informe solicitado.

Consideraciones legales y técnicas:

1. El artículo 16.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, atribuye a la competencia de las comunidades autónomas la exclusión de montes en el Catálogo de montes de utilidad pública y la llevanza de este catálogo.

Este mismo artículo obliga a las comunidades autónomas a dar traslado al ministerio competente en la materia de las actuaciones que impliquen modificaciones en el catálogo.

2. El artículo 28.1 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia regula el procedimiento para la exclusión de un monte del catálogo:

«Podrá declararse la pérdida de la condición de utilidad pública, y la consiguiente exclusión del catálogo, de todo o parte de un monte, mediante orden de la consejería competente en materia de montes, a propuesta del órgano forestal, de oficio o a instancia de la persona titular del monte, y en procedimiento tramitado al efecto, oídos la administración titular y las personas titulares de otros derechos sobre el monte, cuando desapareciesen las causas que motivaron su declaración o cuando, por sentencia firme, se declarase que el monte no es de titularidad pública».

En este caso se tramitó el procedimiento de conformidad con lo indicado.

3. El artículo 30.1 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, vincula la exclusión de un monte o parte de este del Catálogo de montes de utilidad pública con su pérdida de la condición de utilidad pública.

4. El artículo 30.2 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia establece que las reclamaciones sobre exclusiones de montes en el catálogo que no se refieran a cuestiones de propiedad tendrán carácter administrativo y se resolverán ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

El artículo 30 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, atribuye la competencia para la exclusión de un monte o de parte de este del Catálogo de montes de utilidad pública a la consellería competente en materia de montes.

De acuerdo con todo lo anterior,

DISPONGO:

Artículo único

1. Declarar la pérdida de la condición de utilidad pública y la consiguiente exclusión del Catálogo de montes de utilidad pública del monte Castro, que se inscribió en el Catálogo de montes de utilidad pública (CUP) con el número 57 y con una cabida de 70 ha y como perteneciente al Ayuntamiento de Coristanco, en la provincia de A Coruña, por perder las causas que motivaron en su día la inclusión en el catálogo. Su cabida real, según la planimetría efectuada por el Servicio de Montes de la Jefatura Territorial de la Consellería del Medio Rural y del Mar en A Coruña es de 53 ha.

2. Dar traslado al ministerio competente en la materia de la citada exclusión del catálogo.

Disposición final

Esta orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia y contra ella las personas interesadas podrán interponer recurso de reposición, con carácter potestativo ante la conselleira del Medio Rural y del Mar, en el plazo de un mes, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 109 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 8 de octubre de 2014

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira del Medio Rural y del Mar