Agustín Ignacio Pena López, secretario del Juzgado de lo Social número uno de A Coruña, hago saber que en los autos número 538/2001, seguidos por instancia de José Seijas Morano contra Prefabricados Gago, S.L. y otros sobre invalidez, la magistrada-jueza de este juzgado, Isabel Olmos Parés, dictó sentencia, en fecha 5-7-2002, con la siguiente parte dispositiva:

«Que aceptando la pretensión de la demanda interpuesta por José Seijas Morano, declaro que la parte demandante se encuentra en situación de invalidez permanente, en el grado de gran invalidez, derivada de accidente de trabajo. En consecuencia, condeno a la entidad demandada Mutua Gallega, INSS, TGSS y a la empresa Prefabricados Gago, S.L. a estar y pasar por los precedentes pronunciamientos y, a tenor de los mismos, condeno a la Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, a que reconozca y haga los pagos a la parte demandante de una pensión vitalicia y mensual en la cuantía del 150% de su base reguladora de 170.991 pesetas, más los incrementos legales correspondientes y con los efectos desde el día 4 de enero de 2001.

Notifíquesele esta resolución a las partes, a las que se hará saber que, contra la referida sentencia, cabe recurso de suplicación, que deberá anunciarse ante este juzgado en el plazo de cinco días desde la noti

ficación de esta resolución, bastando la mera manifestación de la parte o de su abogado o representante al hacerle la noficación de esta, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o representante ante este juzgado, y que será resuelto, en su caso, y cumplidos los trámites legales, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».

Y para que le sirva de notificación a Prefabricados Gago, S.L., que tuvo su último domicilio conocido en Costa de Alvedro, s/n, Culleredo, A Coruña, y que en la actualidad se desconoce, y a fin de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, expido y firmo este edicto en A Coruña a 5 de julio de 2002.

El secretario judicial

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