El director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística dictó, el 27 de abril de 2021, una resolución por la que se le impone una primera multa coercitiva (PON/275/2018-A1), derivada del expediente de reposición de la legalidad urbanística número PON/275/2018-RP1, a las personas interesadas con número de documento de identidad 36018887-J y 36122939-J como consecuencia de incumplir lo ordenado en la Resolución de 21 de febrero de 2020, que ordenaba la demolición de un remolque para uso residencial, construcción de fosa séptica y acumulación de materiales diversos en el lugar de A Baixada da Ermida, Coruxo, San Miguel de Oia, en el municipio de Vigo, provincia de Pontevedra, y la reposición de los terrenos afectados al estado anterior al inicio de las obras.
Al no poder realizarse la notificación personal de aquella resolución, mediante esta cédula, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se les notifica a las personas interesadas dicha resolución por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.
En cumplimiento del artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las personas interesadas podrán comparecer, en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en las dependencias de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, sitas en el edificio Witland, 1er piso, Salgueiriños, en Santiago de Compostela, de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, para el conocimiento íntegro de dicha resolución y constancia de tal conocimiento. Transcurrido dicho plazo sin efectuarse la comparecencia, la notificación se entenderá producida.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que se tenga producida la notificación, ante el director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, significándoles que el recurso únicamente será admisible por motivos de infracción del ordenamiento inherentes a la imposición de esta multa coercitiva, siendo motivo de inadmisión la reiteración de las mismas razones que se esgrimieron o pudieron esgrimirse frente a la resolución de la que este acuerdo es un mero acto de ejecución.
En caso de no ejercer su derecho a presentar recurso potestativo de reposición puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en cuya circunscripción radique el inmueble afectado, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1º regla tercera de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Para que conste y le sirva de notificación a la citada interesada en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, expido y firmo esta cédula.
Santiago de Compostela, 21 de octubre de 2021
Jacobo Hortas García
Director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística
