Yo, María Teresa Vázquez Abades, letrada de la Administración de justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Santiago de Compostela, hago saber que en el procedimiento ordinario 127/2018 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de Bibiana Magán Mirás contra la empresa Le Campane, S.L. y el Fogasa, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Que, estimando íntegramente la demanda interpuesta por Bibiana Magán Mirás contra Le Campane, S.L., debo condenar y condeno a la mercantil Le Campane, S.L. a abonarle a la demandante la suma de 4.303,33 euros brutos por los conceptos señalados en el hecho probado cuarto de esta resolución, más los intereses previstos en el artículo 29.3 del ET sobre los conceptos salariales (que son 3.149,64 euros) desde la fecha de presentación de la papeleta de conciliación hasta la presente resolución y los del 576 de la LEC a partir de la presente resolución, y los intereses del artículo 1108 del Código civil sobre los conceptos indemnizatorios (que son 1.153,69 euros) desde la fecha de presentación de la papeleta de conciliación hasta la presente resolución y los del artículo 576 de la LEC a partir de la presente resolución.

En lo que atañe a la responsabilidad del Fogasa, no ha lugar a su condena en esta instancia debiendo estarse a lo que resulte de la aplicación del artículo 33 del ET.

Notifíquese a las partes y al Fogasa la presente resolución haciéndoles saber que frente a la misma cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Le Campane, S.L., en ignorado paradero, expido el presente edicto para su inserción en el Diario Oficial de Galicia y tablón de anuncios de este juzgado.

Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Santiago de Compostela, 23 de noviembre de 2020

La letrada de la Administración de justicia