Yo, María Iria Román Vidarte, letrada de la Administración de justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Santiago de Compostela, hago saber que en el procedimiento ordinario 750/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de Juan Carlos Taco Suntaxi contra Antonio Aren Adán, Kekopelli Santiago, S.L. y Fogasa sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

«Sentencia

En Santiago de Compostela, 9 de septiembre de 2019.

Vistos por Ana María Souto González, magistrada jueza de refuerzo del Juzgado de lo Social número 3 de Santiago de Compostela y su partido, los presentes autos 750/2017, seguidos a instancia de Juan Carlos Taco Suntaxi, asistido por la letrada Sra. Elena Moreira Agra, contra la entidad Kekopeli Santiago, S.L.

Fallo

Se estima la demanda presentada a instancia de Juan Carlos Taco Suntaxi contra la entidad Kekopeli Santiago, S.L., y en consecuencia, condeno a la demandada a abonar al actor la cantidad total de 3.400,75 euros euros como cantidades adeudadas más el interés de legal de dicha cantidad.

Todo sin perjuicio de las responsabilidades legales del Fondo de Garantía Salarial.

E igualmente se le condena a la demandada al pago de los honorarios del letrado, que se cuantifican en el importe de 200 euros.

Notifíquese a las partes la presente resolución.

Contra esta resolución cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el cual deberá anunciarse en este juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de esta resolución bastando la manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o representante dentro del indicado plazo.

Así lo acuerda, manda y firma».

Y para que sirva de notificación en legal forma a Kekopelli Santiago, S.L.U. en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Diario Oficial de Galicia y en el tablón de anuncios de este juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Santiago de Compostela, 8 de noviembre de 2019

La letrada de la Administración de justicia