Yo, María Teresa Vázquez Abades, letrada de la Administración de justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Santiago de Compostela, hago saber que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 222/2018 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de la Fundación laboral de la Construcción contra José Ramón Pais Lago, Fogasa, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Decreto.

Letrada de la Administración de justicia: María Teresa Vázquez Abades.

Santiago de Compostela, 25 de enero de 2019.

Parte dispositiva.

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado, José Ramón Pais Lago, en situación de insolvencia total por importe de 121,51 euros en concepto de principal (aportaciones correspondientes al ejercicio de 2012, incluido ya el recargo del 20 % de demora sobre el principal adeudado), más otros 12,15 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente, sin perjuicio de reaperturar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

c) Una vez firme la presente resolución, procédase a su inscripción en el registro correspondiente.

d) Expedir los testimonios de las resoluciones procedentes, que se entregarán a la parte ejecutante en la oficina judicial de este juzgado.

Modo de impugnación. Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente (artículo 188 de la LJS).

La letrada de la Administración de justicia».

Y para que sirva a efectos publicitarios la declaración de insolvencia de José Ramón Pais Lago, procédase a su inserción en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de febrero de 2019

La letrada de la Administración de justicia