El director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística acordó, el día 21 de marzo de 2016, ordenar la suspensión de las obras e incoar expediente sancionador y de restitución y reposición de la legalidad a Manuel Dacosta Aller y a Ana Mª Brión Gude, por actuaciones abusivas dentro de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, en el lugar de A Aldea de Abaixo, Moruxo, en el término municipal de Bergondo, provincia de A Coruña.

El día 11 de abril de 2016 la instructora del expediente formuló el pliego de cargos.

Al no poder realizarse la notificación personal de los citados acuerdos a los interesados, mediante esta cédula, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), se notifican a los interesados dichos acuerdos mediante un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Teniendo en cuenta que, en atención a lo previsto en el artículo 61 de la LRJPAC, los actos no se publican en su integridad, se hace saber a los interesados que el texto íntegro de los acuerdos que se notifican se encuentran a su disposición en las dependencias de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, sitas en el Edificio Witland, 1er piso, Salgueiriños, Santiago de Compostela, para su consulta en el plazo de diez (10) días hábiles, que se contarán desde el día siguiente al de la publicación de esta cédula en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido dicho plazo, las notificaciones se entenderán producidas.

Los interesados dispondrán de un prazo de quince (15) días hábiles para alegar y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse.

La orden de suspensión de las obras pone fin a la vía administrativa. Contra ésta los interesados pueden interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que se haya producido la notificación, ante el director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, o bien, si no ejercen su derecho a presentar recurso potestativo de reposición, pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en cuya circunscripción radique el inmueble afectado, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1, regla tercera, de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Para que conste y sirva de notificación a los interesados, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, expido y firmo esta cédula.

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2016

José Antonio Cerdeira Pérez
Director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística