Encarnación Mercedes Tubío Lariño, secretaria del Juzgado de lo Social número 4 de A Coruña, doy fe y certifico que en este juzgado se siguen autos número 643/12 a instancia de José Cipriano Lago Verán contra el Instituto Social de la Marina, la Tesorería General de la Seguridad Social, y la empresa O.P.D.R. Canarias, S.A., sobre jubilación, en los que recayó sentencia que, copiada en los particulares necesarios, dice así:

«Fallo

Se estima parcialmente la demanda formulada por José Cipriano Lago Verán frente al Instituto Social de la Marina, la Tesorería General de la Seguridad Social y la empresa O.P.D.R. Canarias, S.A., y, en consecuencia:

– Se declara el derecho del actor a percibir una pensión de jubilación sobre una base reguladora de 1.672,97 euros en catorce pagas anuales y con efectos desde el 15 de diciembre de 2011 con los aumentos, mejoras y revalorizaciones que legalmente procedan.

– Se condena a O.P.D.R. Canarias, S.A. al pago de la diferencia económica de la prestación que resulte entre la base reguladora cotizada de 1.627,97 euros y la de 1.614,78 euros, sin perjuicio de la obligación por parte del Instituto Social de la Marina de anticipar dichas prestaciones, sin perjuicio de su derecho de repetición contra la empresa O.P.D.R. Canarias, S.A., con responsabilidad subsidiaria de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra esta resolución cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el cual deberá anunciarse en este juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de esta resolución, bastando la manifestación de la parte o de su abogado o representante dentro del indicado plazo.

Así lo acuerda, manda y firma, Nicolás E. Pita Lloveres, magistrado del Juzgado de lo Social número 4 de A Coruña».

Y para que conste, a efectos de su publicación en el Diario Oficial de Galicia a fin de que sirva de notificación en forma a la empresa O.P.D.R. Canarias, S.A. expido y firmo la presente.

A Coruña, 27 de julio de 2015

La secretaria judicial