Encarnación Mercedes Tubío Lariño, del Juzgado de lo Social número 4 de A Coruña, da fe y certifica que en este juzgado se siguen autos número 29/2013 a instancia de Mutua Gallega contra la empresa Victoria, C.B., el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social sobre cantidad, en los que recayó sentencia en fecha 12 de mayo de 2015 que copiada en los particulares necesarios dice así:
«Fallo.
Se estima la demanda interpuesta por Mutua Gallega frente a la empresa Mutua Gallega y al Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social y, en consecuencia:
– Se condena a la empresa Victoria, C.B. a abonar a la Mutua Gallega, como responsable directo, la cantidad de novecientos cuarenta y dos euros con diez céntimos de euro (942,10 euros).
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso de suplicación por razón de la cuantía, sin perjuicio de los demás motivos previstos en el artículo 191 de la LRJS.
La competencia para conocer el recurso de suplicación corresponderá, en su caso, al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, debiendo anunciarse el mismo en este juzgado en el plazo de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta resolución bastando la manifestación de la parte o de su abogado, graduado social o representante dentro del indicado plazo.
Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, al tiempo de anunciar el recurso haber consignado la cantidad objeto de condena, así como el depósito de 300 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones que tiene abierta este juzgado haciendo constar en el ingreso el número de procedimiento.
Así lo acuerda, manda y firma, Nicolás E. Pita Lloveres, magistrado del Juzgado de lo Social número 4 de A Coruña».
Y para que conste, a efectos de su publicación en el Diario Oficial de Galicia a fin de que sirva de notificación en forma a la empresa Victoria, C.B. expido y firmo este edicto.
A Coruña, 25 de mayo de 2015
El secretario judicial