El subdirector de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística dictó, en sustitución de la directora, el 29 de agosto de 2013, resolución por la que se ordena la suspensión inmediata de las obras que se ejecutan en suelo rústico sin autorización urbanística autonómica, consistentes en reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar declarada en situación de fuera de ordenación total, en el lugar de Vilapedre, parroquia de Santalla de Devesa, en el término municipal de Friol.
Al no poderse realizar la notificación personal de esta resolución a Emilio Pirón García, en calidad de promotor de las obras y copropietario del terreno donde se llevan a cabo las mismas, y a José Antonio Mourelle Cillero, en calidad de copropietario del terreno, mediante la presente cédula y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), se notifica a los interesados dicha resolución.
Teniendo en cuenta que, en atención a lo previsto en el artículo 61 de la LRJPAC, el acto no se publica en su integridad, se comunica a los interesados que el texto íntegro de la resolución que se notifica se encuentra a su disposición en las dependencias de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, situadas en el Edificio Witland, 1ª planta, Salgueiriños, Santiago de Compostela, para su consulta en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta cédula. Transcurrido dicho plazo la notificación se entenderá producida.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquel en que se haya producido la notificación, ante la directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, o bien, si no ejercitan su derecho a presentar recurso potestativo de reposición, podrán interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción radique el inmueble afectado, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1, regla tercera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Para que conste y sirva de notificación a los citados interesados, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la LRJPAC, expido y firmo esta cédula.
Santiago de Compostela, 18 de septiembre de 2013
María Martínez Allegue
Directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística
