La directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística dictó el 26 de febrero de 2013, resolución por la que se impone una sanción consistente en multa a María del Carmen González Fernández, en calidad de promotora de las obras, como responsable de una infracción urbanística muy grave consistente en la instalación de una edificación de madera de uso residencial sobre una solera de hormigón no vinculada a explotación agrícola o ganadera y en la apertura de una pista, en el lugar de Santo Albites, en el término municipal de Viveiro, provincia de Lugo.

Al no poder realizar la notificación personal de la resolución a Roberto Guerra Baamonde, en representación de María del Carmen González Fernández, mediante la presente cédula, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), se le notifica al representante dicha resolución.

Teniendo en cuenta que, en atención a lo previsto en el artículo 61 de la LRJPAC, el acto no se publica en su integridad, se comunica al representante que el texto íntegro del acuerdo que se notifica se encuentra a su disposición en las dependencias de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, situadas en el Edificio Witland, 1er piso, Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para su consulta en el plazo de 10 días hábiles, que se contarán desde el día siguiente a la publicación de esta cédula. Transcurrido dicho plazo, la notificación se entenderá producida.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que se hubiese producido la notificación, ante la directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, o bien, si no ejercita su derecho a presentar recurso potestativo de reposición, se puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela o ante el de la circunscripción donde la recurrente tenga su domicilio, a su elección, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1, regla segunda, de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Para que conste y le sirva de notificación al representante de la citada interesada, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la LRJPAC, expido y firmo esta cédula.

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2013

María Martínez Allegue
Directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística