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DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 146 Miércoles, 1 de agosto de 2012 Pág. 30751

V. Administración de justicia

Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social)

EDICTO (RSU 511/2012 IP).

Secretaría: Sr. Gamero López-Peláez.

Casación 152 y 153/12 IP.

Tipo y nº de recurso: recurso de suplicación 511/2012.

Juzgado de origen de los autos: demanda 410/2010 Juzgado de lo Social número 1 de Vigo.

Recurrentes: José Antonio Troncoso Oliveira, Pedro L. Abalde García, Herminio Carracedo González, Delfín Puime Alonso, Rosa Mar Mouriño Rivas, José Otero Míguez, Jesús Ignacio Domínguez González, Óscar Soto Duarte, Herminia Gómez González, Higinio Rodríguez Rico, María Rosa Campelo Carballo, Rosa Rivas Couto, Antonio Alonso Domínguez, Francisco Rico Carballo, Carlos Seoane Osormo, Manuel Vázquez Vilar, Domingo Pino Val, José Ramón Coto Iglesias, Juan Carlos Brea Míguez, José Manuel García Prego, Bienvenido Rodríguez Pérez, Rogelio Fernández Fernández.

Abogados: Antonio Troncoso de Castro, Miguel Ángel Lamela Méndez.

Procuradores: Fausto Valentín Blanco García, Juan Antonio Garrido Pardo.

Recurridos: Fogasa, Taguive, S.L., Ministerio Fiscal, Industrias de Tableros Valga, S.A., Fibras de Madera, S.A.

Abogados: María Dolores Carpintero Vázquez, Miguel Hinrichs Gallego.

Procuradores: Gonzalo Lousa Gayoso, Ana María Tejelo Núñez.

Francisco Javier Gamero López-Peláez, secretario judicial de la sección nº 1 de la Sala Segunda de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de A Coruña, hace saber que en el procedimiento recurso suplicación 511/2012 de esta sección, seguido a instancia de José Antonio Troncoso Oliveira, Pedro L. Abalde García, Herminio Carracedo González, Delfín Puime Alonso, Rosa Mar Mouriño Rivas, José Otero Míguez, Jesús Ignacio Domínguez González, Óscar Soto Duarte, Herminia Gómez González, Higinio Rodríguez Rico, Rosa Rivas Couto, Antonio Alonso Domínguez, Francisco Rico Carballo, Carlos Seoane Osormo, Manuel Vázquez Vilar, Domingo Pino Val, José Ramón Coto Iglesias, Juan Carlos Brea Míguez, José Manuel García Prego, Bienvenido Rodríguez Pérez, Rogelio Fernández Fernández contra la empresa Fogasa, Taguive, S.L., Ministerio Fiscal, Industrias de Tableros Valga, S.A., Fibras de Madera, S.A., sobre resolución de contrato, se ha dictado la siguiente resolución:

«Diligencia de ordenacion del secretario judicial.

Francisco Javier Gamero López-Peláez.

En A Coruña, veintinueve de mayo de dos mil doce.

El anterior escrito presentado por el letrado Adolfo José López Fernández, en nombre y representación de José Manuel García Prego, Jesús Ignacio Domínguez González, José Otero Míguez, Herminio Carracedo González, Rosa Mar Mouriño Rivas, Delfín Puime Alonso y Pedro Luis Abalde García, se une al recurso de su razón. Se tiene por preparado el recurso de casación para unificación de doctrina y se concede a la parte recurrente el plazo de quince días para interponer el recurso ante esta sala, haciéndole saber que los autos se encuentran a su disposición en la oficina judicial para su entrega o examen si lo considera necesario y que deberá señalar un domicilio para notificaciones en la sede del Tribunal Supremo, salvo que ya lo hubiera designado.

Requiérase a la recurrente para que aporte en el momento de interposición del recurso, certificación de las sentencias que invoca con expresión de su firmeza.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra la presente resolución no cabe recurso alguno sin perjuicio de que la parte recurrida pueda oponerse a la admisión del recurso al personarse ante el Tribunal Supremo.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación a Fibras de Madera, S.A., en la actualidad en ignorado paradero.

A Coruña, 29 de mayo de 2012

El secretario judicial