En fecha 1 de marzo de 2012, la conselleira de Hacienda dictó resolución por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por Jorge Valdés Paredes contra la Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publican las listas definitivas de las ayudas concedidas y denegadas del fondo de acción social para el ejercicio de 2010, correspondientes, entre otras, a la prestación por adquisición de vivienda.

Intentada por dos veces la notificación de la citada resolución a través del servicio de Correos en el domicilio indicado por el interesado a efectos de notificación, ésta no se pudo practicar, siendo devuelta por dicho servicio por estar ausente en el reparto.

Por lo expuesto, esta dirección general, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en virtud de este anuncio, notifica a Jorge Valdés Paredes la resolución antes referida.

El recurrente puede recoger la respectiva resolución, mediante comparecencia en las dependencias de la Subdirección General de Régimen Jurídico y Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública (edificio administrativo San Caetano s/n, 1-3º, Santiago de Compostela), en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación deste anuncio en el Diario Oficial de Galicia.

Contra la referida resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el interesado recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su comparecencia para recoger la resolución, o al del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior sin que el interesado comparezca, ante, a elección del actor, el juzgado de lo contencioso-administrativo de la circunscripción en la que aquél tenga su dirección o el de Santiago de Compostela, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 9 de abril de 2012.

José María Barreiro Díaz
Director general de la Función Pública