El artículo 24 de nuestra Constitución les garantiza el derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales a todas las personas en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y, asimismo, a la defensa y a la asistencia de letrado. Este derecho fundamental se complementa con lo dispuesto en el artículo 119 de la Carta Magna, donde se establece que la justicia será gratuita cando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quien acredite insuficiencia de recursos para litigar. Por lo que se refiere a esta materia, la Comunidad Autónoma de Galicia posee plenas competencias, ya que a través del Real decreto 2166/1994, de 4 de noviembre, le fueron transferidos por la Administración del Estado los medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de justicia, entre los que se encuentra el abono de la compensación económica a los colegios de abogados por las actuaciones de sus colegiados en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita.

Con la entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, la materia fue objeto de una profunda reforma, haciéndose necesaria la elaboración de un reglamento que la desarrollase, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias de nuestra comunidad autónoma y el tiempo transcurrido, el primer Decreto 146/1997, de 22 de mayo, fue modificado por el Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Por otro lado, con fecha de 24 de septiembre de 2003 la Xunta de Galicia y el Consejo de la Abogacía Gallega firmaron un acuerdo para establecer el baremo de la compensación económica de la asistencia jurídica gratuita de estos profesionales, con un ámbito temporal por el que durante el año 2008 debería negociarse y, en su caso, aprobar un nuevo acuerdo para los próximos años. Por diversas circunstancias no fue posible alcanzar en el ámbito negocial ese nuevo acuerdo, y tras las obligadas conversaciones con el Consejo de la Abogacía Gallega, ambas instituciones acordaron la prórroga del baremo establecido en el acuerdo del año 2003 en las cantidades de compensación económica que rigieron en año 2008, actualizadas por la Orden de esta consellería de 2 de julio de 2009 y prorrogada esta última por las órdenes de 28 de mayo, de 15 de octubre y de 21 de diciembre de 2010, de modo que estos conceptos económicos imperasen durante el cuarto trimestre de 2011 y el primer, segundo y tercer trimestre del año 2012, al tiempo que las partes iniciarán un proceso negociador con la finalidad de alcanzar un acuerdo para los próximos años.

Asimismo, la Orden de 9 de junio de 2011 (DOG núm. 136, de 15 de julio) aprueba el formato en que los colegios de abogados de Galicia deben remitir la justificación trimestral de a aplicación de la compensación económica establecida en el Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto,

DISPONGO:

Primero. La prórroga del Acuerdo de 24 de septiembre de 2003 entre la Xunta de Galicia y el Consejo de la Abogacía Gallega, por el que se estableció el baremo de la compensación económica de la asistencia jurídica gratuita.

Segundo. Durante el cuarto trimestre del año 2011 y el primer, segundo y tercer trimestre de 2012 las cantidades del baremo de la compensación económica de la asistencia jurídica gratuita serán las que rigieron durante el año 2008, actualizadas por la Orden de esta consellería de 2 de julio de 2009 y prorrogada esta última por las órdenes de 28 de mayo, de 15 de octubre y de 21 de diciembre de 2010, y especificadas en el anexo de la presente orden. Estas cantidades deberán ser certificadas trimestralmente por los colegios de abogados, siguiendo estrictamente el orden de tipologías recogidas en el modelo que figura en el anexo de la orden, de acuerdo con el artículo 38.3 del Decreto 269/2008, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia.

Tercero. Los abogados percibirán el 100% de la compensación económica correspondiente a su actuación profesional cuando acrediten la realización de alguno de los siguientes trámites procesales:

a) En materia de asistencia letrada al detenido o preso, una vez finalizada la intervención profesional y que el abogado presente el parte sellado por el órgano judicial o policial donde se llevó a cabo la asistencia y en el que se recojan los siguientes datos como mínimo:

– Nombre y número de colegiado del abogado.

– Nombre y DNI del asistido o asistidos. En caso de extranjeros, número de pasaporte o tarjeta de residencia.

– Motivo por el que se le asiste y, en su caso, de la detención y número de diligencias policiales o judiciales.

Cuando el colegio de abogados tenga establecido un turno de guardia, se pagará una única compensación por cada turno de guardia. Si el número de asistencias realizadas a personas diferentes es superior a cinco dentro de una misma guardia, el abogado percibirá una compensación equivalente al doble del módulo establecido, sea cual sea el número de asistencias realizadas.

b) En los procesos penales, la presentación de la copia de la diligencia o solicitud de la actuación procesal en la que intervenga el letrado, o la apertura del juicio oral.

c) En los procesos civiles, la presentación de la copia de la providencia de admisión de la demanda o de tener por planteada su contestación.

d) En los demás procesos, la presentación de la copia de la diligencia judicial acreditativa de la intervención del abogado.

e) En las apelaciones civiles, la presentación de la copia de la providencia por la que se admite a trámite el recurso o, si procede, la comparecencia ante la sala.

f) En las apelaciones penales, la presentación de la copia de la resolución judicial en la que se tenga por formalizado o impugnado el recurso o el señalamiento para la vista.

g) En los recursos de casación formalizados, la presentación de la copia de la providencia por la que se tenga por interpuesto el recurso.

En los anuncios de recurso de casación que non llegan a ser formalizados, la presentación de la copia del anuncio del recurso, debidamente justificada.

h) En las transacciones extrajudiciales e informe de insostenibilidad de la pretensión, la presentación del documento de transacción suscrito por los interesados o del informe de la insostenibilidad dirigido al colegio.

i) En los desistimientos extrajudiciales por pasividad del interesado, la presentación de justificación escrita del letrado.

j) En las ejecuciones de sentencias que se produzcan transcurridos más de dos años después de dictada resolución judicial, presentación de la copia de petición de ejecución, debidamente acreditada.

Los documentos referidos podrán ser sustituidos por la copia sellada por el órgano judicial de la primera hoja del escrito presentado.

Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 41.1 del Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada trimestre el colegio de abogados remitirá a la Dirección General de Justicia una certificación que contenga los datos relativos a las actuaciones realizadas por los profesionales durante ese período.

Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 del Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, y teniendo en cuenta la Orden de 9 de junio de 2011, los colegios de abogados deberán remitir la justificación trimestral de los fondos percibidos a los que se refiere el artículo 47 de dicho Decreto 269/2008:

a) En formato electrónico: relación detallada de los turnos de guardia o, si procede, de las asistencias letradas al detenido efectuadas por cada letrado o procurador, así como también de los asuntos de justicia gratuita asumidos por cada letrado.

b) En formato papel: todos los documentos establecidos en los puntos c), d), e) y f) del artículo 48.1 del Decreto 269/2008, de 6 de noviembre.

Disposición final.

Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de febrero de 2012.

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia

ANEXO
Módulos y bases de la compensación económica
Baremos para el cuarto trimestre del año 2011 y el primer, segundo y
tercer trimestre de 2012

Abogados/tipología

Asistencia al detenido o preso

Código	Denominación	Módulo
101	Asistencia individualizada	102,73 €

Jurisdicción penal

Código	Denominación	Módulo
201	Procedimiento ante el tribunal del jurado	474,53 €
202	Asistencia diaria a la vista ante el tribunal del jurado a partir del segundo día	116,74 €
203	Procedimiento ordinario por delito	455,30 €
204	Procedimiento abreviado de especial complejidad (causa de más de 1.000 folios)	455,30 €
205	Procedimiento por delito contra la seguridad del tráfico (alcoholemias)	233,49 €
206	Procedimiento penal abreviado	338,55 €
207	Procedimiento de enjuiciamiento rápido de delitos sin conformidad	350,23 €
208	Procedimiento de enjuiciamiento rápido de delitos con conformidad	233,49 €
209	Juicio de faltas	151,76 €
2010	Menores. Proceso terminado con sentencia	233,49 €
2011	Menores. Proceso con otras formas de terminación	175,12 €
2012	Recurso ante el juzgado de vigilancia penitenciaria con intervención preceptiva o designación de abogado por requerimiento judicial, conforme al artículo 21 de la Ley de asistencia jurídica gratuita	157,61 €
2013	Salidas a centros de prisión (máximo dos salidas por proceso)	19,85 €
2014	Desplazamientos para la asistencia a juicio oral (abogados con despacho oficial en un partido judicial distinto al de la sede del juzgado de lo penal o de la audiencia provincial)	40,86 €
2015	Recursos de apelación. Proceso por delito	157,61 €
2016	Recursos de apelación. Juicio de faltas	128,41 €
2017	Defensa jurídica inmediata de la mujer en diligencias policiales, tramitación de la orden de protección y procedimientos administrativos que traigan causa directa o indirecta de violencia doméstica	102,73 €

Jurisdicción civil

Código	Denominación	Módulo
301	Procedimiento ordinario	350,23 €
302	Juicio verbal	233,49 €
303	Proceso matrimonial contencioso completo	350,23 €
304	Proceso matrimonial de mutuo acuerdo	189,81 €
305	Medidas provisionales previas a la demanda	93,40 €
306	Modificación de medidas	326,89 €
307	Proceso sobre filiación, paternidad o capacidad, excepto expedientes del artículo 763 de la LEC	233,49 €
308	Monitorio	116,74 €
309	Actuación en un proceso como contador partidor	253,08 €
3010	Proceso de división judicial de patrimonios	175,12 €
3011	Ejecuciones de títulos judiciales con oposición y posteriores a dos años	175,12 €
3012	Cambiario y ejecución de títulos no judiciales	175,12 €
3013	Expedientes de jurisdicción voluntaria y expedientes de internamiento no voluntario por razón de un trastorno psíquico	175,12 €
3014	Recursos de apelación	157,61 €

Jurisdicción contencioso-administrativa

Código	Denominación	Módulo
401	Recurso contenciosoadministrativo	338,55 €
402	Recurso contencioso-administrativo. Procedimiento abreviado	233,49 €
403	Vía administrativa (extranjería y asilo)	116,74 €
404	Recursos de apelación	157,61 €

Jurisdicción social

Código	Denominación	Módulo
501	Procesos laborales (ordinarios y especiales)	258,35 €
502	Recursos de suplicación	157,61 €

Jurisdicción militar

Código	Denominación	Módulo
601	Proceso íntegro	221,81 €

Recursos de casación y amparo

Código	Denominación	Módulo
701	Recurso de casación	350,23 €
702	Recurso de casación cuando no se formaliza y hay solo anuncio	49,11 €
703	Recurso de amparo	350,23 €

Actuaciones extraprocesales

Código	Denominación	Módulo
801	Transacciones extrajudiciales	(*) 75%
802	Informe motivado de la insostenibilidad de la pretensión	76,57 €
803	Desistimiento previo al proceso por pasividad de la persona enjuiciable, estudio y preparación del asunto, previa a la presentación de la demanda	(*) 30%

Normas generales

Código	Denominación	Módulo
901	Sometimiento	(*) 30%
902	Ejecución de la sentencia posterior a los dos años de recaída la resolución judicial, excepto en la jurisdicción civil	(*) 30%

(*) Sobre el módulo aplicable al procedimiento