El ejercicio del derecho de huelga queda condicionado al mantenimiento de los servicios esenciales definidos en el artículo 2 del Decreto 155/1988, de 9 de junio (DOG del 20 de junio), entre los que se encuentra la educación.

El artículo 3 del citado decreto faculta a los conselleiros competentes, por razón de los servicios esenciales afectados, para que, mediante orden y ante cada situación de huelga, determinen el mínimo de actividad necesaria para asegurar el mantenimiento de tales servicios y el personal preciso para prestarlos.

La organización sindical del Sindicato de Traballadores do Ensino (STEG) comunicó la convocatoria de una huelga que afecta a todo el profesorado interino de la enseñanza pública no universitaria perteneciente a la Comunidad Autónoma gallega, educación infantil, educación primaria, educación especial, enseñanza secundaria, formación profesional, escuelas oficiales de idiomas, artes plásticas y diseño, música y artes escénicas, y que se desarrollará entre las 00.00 horas y las 24.00 horas del próximo 2 de diciembre de 2003.

La necesaria conciliación entre el ejercicio del derecho constitucional de huelga y el mantenimiento de los servicios esenciales obliga a la Administración autonómica, de acuerdo con la normativa vigente, a fijar unos servicios mínimos indispensables para el funcionamiento de los servicios esenciales que se concretan y justifican en la presente orden.

El servicio esencial de la educación no puede ser reducido exclusivamente a la actividad docente, ya que, junto a esta actividad docente, se realizan otras funciones como son la vigilancia y cuidado de los niños y niñas, menores de edad, que acuden a los centros docentes públicos. Con carácter general, el artículo 39 de la Constitución depara una protección especial a los menores; de un modo más específico, el artículo 15 del Real decreto 732/1995 (de 5 de mayo, publicado en el BOE del 2 de junio), por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros, dispone en su artículo 15 que todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad. Por lo tanto, la custodia de los menores de edad que se encuentren en un centro docente público, el cumplimento de los principios constitucionales mencionados y de los derechos citados es responsabilidad ineludible de esta Administración

educativa y parte indivisible del derecho esencial a la educación.

El derecho a la seguridad y el correlativo deber de protección de los menores, dada su entidad, debe

ejercerse continuamente. Como servicio mínimo para garantizarlos se establece la necesaria presencia en el centro docente público no universitario del director o, en su caso, de otro miembro del equipo directivo, ya que el director ostenta la representación del centro y garantiza el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes, como señalan, respectivamente, los apartados d) y a) del artículo 79 de la Ley orgánica 10/2002, de 23 de diciembre (de calidad de la educación, publicada en el BOE del 24 de diciembre), y por tanto está capacitado y facultado para resolver cualquier incidencia respecto de la seguridad de los menores de edad. Asimismo, de conformidad con la normativa citada, el director también está facultado y capacitado para resolver cualquier incidencia que se pueda producir respecto del conjunto de los bienes que integran un centro docente.

Del mismo modo, este deber de protección se extiende hasta las funciones orgánicas básicas de los menores de edad, como es el comer, y que determina que se establezcan servicios mínimos para que se pueda prestar el servicio de comedor en las escuelas-hogar, siendo este servicio parte indivisible e ineludible del servicio esencial de educación en aquellos centros donde se preste, especialmente en las escuelas-hogar que funcionan como internados y que no pueden ser paralizados en sus actividades básicas, como es alimentar a los menores. La determinación de dichos servicios mínimos por porcentajes se considera como criterio más apropiado para la fijación del personal que debe prestarlos, dada la diversidad existente en la dimensión y tamaño de los diferentes centros docentes que hay en nuestra comunidad. En cualquier caso, nunca podrá bajar de dos personas, por cuanto resulta el número de personal imprescindible para la prestación del servicio de comedor con las mínimas garantías.

En consecuencia, de acuerdo con la normativa citada, de conformidad con el comité de huelga,

DISPONGO:

Artículo 1º

Tendrán la consideración de servicios mínimos para el personal docente dependiente de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria los que se relacionan seguidamente:

-El/La director/a o miembro del equipo directivo de cada centro docente no universitario.

-El 25% del personal docente encargado de comedores de las escuelas-hogar, garantizando un mínimo de dos personas.

Artículo 2º

La designación nominal del personal que deberá cubrir los distintos servicios relacionados en el artículo anterior será hecha por la dirección del centro respectivo, procediéndose a su publicación en el tablón de anuncios de los centros afectados.

Artículo 3º

El incumplimiento de la obligación de atender los servicios mínimos fijados en esta orden será sancionado de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 4º

Lo dispuesto en la presente orden no supondrá ninguna limitación de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha situación.

Artículo 5º

Sin perjuicio de lo que establecen los artículos anteriores, se deberán observar las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de los establecimientos docentes.

Disposición final

La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de noviembre de 2003.

Celso Currás Fernández

Conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria