La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (artículo 25.2º párrafo c),

así como la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia (artículos 80, 81 y 82), determinan que el ayuntamiento, como entidad básica de la organización territorial del Estado, es la vía de la participación de sus ciudadanos en diferentes materias y, entre ellas (artículo 22.2º párrafo c), la protección civil ya que, ante una situación de emergencia que pueda poner en peligro la vida de los ciudadanos o sus pertenencias, el ayuntamiento será el primero en actuar tanto en tiempo de respuesta como en movilización de recursos.

Asimismo, la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil, establece la vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a la protección civil a través de organizaciones que se orientarán, principalmente, a la colaboración y apoyo en situaciones de emergencia; actitud fundamentalmente desarrolla

da por las agrupaciones de voluntarios de protección civil, en la mayor parte de los ayuntamientos para poder cumplir la normativa vigente en materia de protección de su comunidad vecinal.

Conforme al Decreto 147/2002, de 11 de abril, mediante el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales, le corresponden a esta consellería entre otras competencias, las de protección civil.

En virtud de los decretos 8/2003, de 18 de enero, y 23/2003, de 20 de enero, se modificó la estructura orgánica de la Xunta de Galicia, de forma que la Consellería de Justicia, Interior y Administración Local mantiene las competencias sobre protección civil.

De acuerdo con el Decreto 56/2000, de 3 de marzo por el que se regula la planificación, las medidas de coordinación y la actuación de voluntarios, agrupaciones de voluntarios y entidades colaboradoras en materia de protección civil de Galicia, la Administración autonómica colaborará en la dotación de medios y recursos necesarios a la Administración local para su actuación en materia de protección civil.

En el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia y en el Decreto 287/2000, de 21 de noviembre, se establecen los requisitos generales para las subvenciones y ayudas concedidas por la Administración autonómica, normativa a la que, en consecuencia, se adaptará la presente orden, teniendo en cuenta, en todo caso, los principios de publicidad, objetividad y concurrencia.

La Consellería de Justicia, Interior y Administración Local, consciente de la magnitud y transcendencia de los valores que están en juego en situaciones de emergencia, así como las necesidades que se generan y los recursos humanos y materiales que es preciso movilizar, quiere dotar de medios adecuados a los municipios para el cumplimiento de sus labores en materia de protección civil, para intervención en excarcelación.

De acuerdo con lo expuesto, se pretende por medio de la presente orden regular el procedimiento y requisitos para la cesión en propiedad de material para misiones de protección civil a los municipios de la Comunidad Autónoma gallega.

Por todo ello,

DISPONGO:

Artículo 1º.-Objeto.

La Consellería de Justicia, Interior y Administración Local, para colaborar con los ayuntamientos en su misión de protección a su comunidad vecinal y para equipar con unos medios necesarios a la protección civil, les cederá en propiedad equipos de excarcelación y/o material auxiliar de excarcelación a los

ayuntamientos gallegos que cuenten con servicio municipal de protección civil y/o agrupación de voluntarios de protección civil, sea municipal o tenga suscrito un convenio con el municipio y además estén inscritas en el Registro de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Galicia conforme al Decreto 56/2000, de 3 de marzo.

Artículo 2º.-Beneficiarios.

Para poder acceder a los beneficios otorgados mediante esta orden, los ayuntamientos deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Para nuevos equipos de excarcelación.

a) No disponer de equipo de excarcelación.

b) Disponer de medios de transporte adecuados para este tipo de material, así como recursos humanos que estén operativos las 24 horas del día y los 365 días del año.

c) Tener en su término municipal y ámbito comarcal vías de comunicación con alto índice de siniestrabilidad.

d) Estar alejados un mínimo de 15 kilómetros de un parque contraincendios y salvamento y/o de un servicio municipal de protección civil que disponga de equipo de excarcelación.

II. Para material auxiliar de excarcelación.

a) Disponer de un equipo en propiedad o cedido en uso.

b) Que el material de que se dispone en el momento de hacer la solicitud no sea suficiente para atender la demanda de la población.

c) Precisar renovar el material que esté deteriorado por el uso, o nuevo material que no se tenga en la actualidad.

Artículo 3º.-Crédito.

Para la consecución del objetivo al que se refiere la presente orden, la Consellería de Justicia, Interior y Administración Local destinará hasta un límite de 110.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 13.04.231A.623.0, de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma gallega para el 2003.

Artículo 4º.-Solicitud.

1. Los ayuntamientos que deseen acogerse a los beneficios concedidos en esta orden presentarán su solicitud, en el plazo de cuarenta días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, empleando el modelo que se indica en el anexo I de esta orden, en el registro general de las delegaciones provinciales de la consellería de Justicia, Interior y Administración Local o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. Junto con la solicitud se presentarán los siguientes documentos:

2.1. Declaración del conjunto de todas las solicitudes efectuadas o concedidas, para un mismo proyecto o actividad, ante las administraciones públicas competentes u otros entes públicos.

2.2. Certificados expedidos por el secretario del ayuntamiento:

a) En su caso, de la existencia de servicio municipal de protección civil.

b) De los gastos corrientes y de inversión considerados en los presupuestos municipales del 2003 destinados a las funciones de seguridad y/o protección civil.

c) Relativa al acuerdo adoptado por el órgano competente por el que:

-Se acuerda solicitar la cesión en propiedad, regulada en la presente orden, aceptando íntegramente sus términos y prescripciones.

-Se faculta al alcalde del ayuntamiento para aceptar la cesión en propiedad en las condiciones establecidas por la consellería y para firmar la correspondiente acta, en el caso de resolución favorable de la consellería.

2.3. Memoria firmada por el alcalde como jefe local de protección civil, en la que se indiquen:

2.3.1. Para los que soliciten nuevos equipos de excarcelación:

-Índices de siniestrabilidad en las vías de comunicación terrestre existentes en el ámbito territorial del municipio, y en el de los ayuntamientos colindantes.

-Accidentes ocurridos en los últimos años en las vías de comunicación terrestre existentes en el ámbito territorial del ayuntamiento y ayuntamientos colindantes en los que fue preciso emplear medios de rescate.

-Medios materiales y recursos humanos de los que dispone el ayutamiento, necesarios para actuar en rescates.

-Cumplir los requisitos específicos indicados en el artículo 2º, apartado I), especificando cada uno de los puntos.

-En su caso, estar en trámite de creación la Junta Local de Protección Civil, y estar elaborando el Plan de Emergencias Municipal (Pemu).

2.3.2. Para material auxiliar de excarcelación:

-Equipo de excarcelación de que se dispone actualmente, indicando el material complementario del mismo.

-Material auxiliar de excarcelación que se precisa (indicando si éste es de reposición o nuevo).

-Cumplir los requisitos específicos indicados en el artículo 2º, apartado II.

-En su caso, estar en trámite de creación la junta local de protección civil, y estar elaborando el Plan de Emergencias Municipal (Pemu).

3. Los defectos en las solicitudes les serán notificados a los interesados por las delegaciones provinciales de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Local, concediéndoles un plazo de diez días para corregir errores u omisiones. Transcurrido dicho plazo, si no se produjera dicha enmienda, las peticiones se archivarán, de acuerdo con lo establecido en la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Artículo 5º.-Instrucción.

1. Una vez recibida la documentación en las delegaciones provinciales, se procederá a su examen y análisis por los servicios de protección civil de la provincia correspondiente.

2. Los respectivos servicios provinciales emitirán un informe técnico en relación a las peticiones recibidas, remitiéndolo a la Dirección General de Interior y Protección Civil.

3. La comisión de evaluación estará presidida por el director general de Interior y Protección Civil y formada por los cuatro delegados provinciales de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Local, actuando como secretario el jefe de sección de estudios y apoyo técnico jurídico de la Subdirección General de Protección Civil que en ningún caso tendrá derecho a voto.

4. La referida comisión, teniendo en cuenta el informe técnico del servicio provincial de protección civil, hará una propuesta de resolución que será elevada posteriormente al órgano competente para resolver.

Artículo 6º.-Criterios de evaluación.

La concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva y para la elaboración del informe técnico y de la propuesta de resolución, así como para la asignación de material, se tendrán en cuenta los siguientes criterios que serán valorados según a graduación que para cada caso se indica:

1. Riesgos potenciales existentes en el ayuntamiento y limítrofes conforme a lo establecido en el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Galicia (Platerga), o en su caso, en el Plan de Emergencia Municipal (Pemu), hasta un 8%.

2. Índices de siniestrabilidad en las vías de comunicación terrestre existentes en el ámbito territorial del municipio, y en el de los ayuntamientos colindantes, hasta un 8%.

3. Accidentes ocurridos en los últimos años en las vías de comunicación terrestre existentes en el ámbito territorial del ayuntamiento y ayuntamientos colindantes en los que fue preciso emplear medios de rescate, hasta un 7%.

4. Tener creada o en trámite de creación la junta local de protección civil, hasta un 10%.

5. Tener o estar elaborando su Plan de Emergencias Municipal (Pemu), hasta un 20%.

6. Cantidad destinada por el ayuntamiento en sus presupuestos anuales para actuaciones objeto de esta orden, hasta un 7%.

7. Cumplir los requisitos específicos indicados en el artículo 2º, apartado I), especificando cada uno de los puntos, hasta un 25 %.

8. Número de colaboraciones realizadas, en temas de protección civil, con la Xunta de Galicia, especialmente con el Servicio de Emergencia 112 SOS-Galicia y Planes de Protección Civil de la Comunidad Autónoma en el sistema de protección civil de Galicia, hasta un 15%.

Artículo 7º.-Resolución, publicación y notificación.

1. La resolución se adoptará por el conselleiro de Justicia, Interior y Administración Local, teniendo en cuenta la propuesta que haga la comisión de evaluación, procediéndose a su publicación posterior en el Diario Oficial de Galicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 bis del Reglamento de patrimonio de la comunidad autónoma (introducido por el Decreto 238/1998, de 24 de julio) y con lo dispuesto en el artículo 11º del Decreto 287/2000, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla el régimen de ayudas y subvenciones públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia, suponiendo la concesión en propiedad del material de excarcelación.

2. La notificación a los peticionarios se hará por la Dirección General de Interior y Protección Civil, en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

En el supuesto de que, trascurridos 6 meses contados desde la publicación de esta orden en el DOG no se dictase y notificase resolución expresa, los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo y en todo caso, a aquellos ayuntamientos a los que no se les conceda material, se les notificará indicando que fue desestimada su petición.

3. Contra la resolución del conselleiro, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia o recurso potestativo de reposición ante el propio conselleiro.

Artículo 8º.-Aceptación, justificación y pago.

1. El alcalde del ayuntamiento al que se le concediese material dispondrá de un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la recepción de la comunicación individual de la resolución favorable, para comunicar la aceptación.

2. Se considera como medio de justificación, para hacer efectivo la entrega del material correspondiente, la certificación del órgano que tenga atribuidas las

facultades de control del cumplimiento de la finalidad para la que se solicita la ayuda y de la aplicación de los fondos destinados a tal efecto, según se recoge en el artículo 15.2º c) del Decreto 287/2000.

3. Transcurrido el plazo referido en el apartado 1º de este artículo sin que se comunique la aceptación, la Consellería de Justicia, Interior y Administración Local podrá anular la resolución.

Artículo 9º.-Formalización de la cesión.

Para la formalización de la cesión se estará a lo dispuesto en el artículo 96.4º del Decreto 50/1989, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del patrimonio de la comunidad autónoma, y se realizará mediante acta suscrita por el secretario general de la consellería o funcionario en quien delegue en la que constará el acuerdo de cesión en propiedad y la aceptación por el cesionario.

Los gastos de seguros, impuestos, mantenimiento, conservación del material cedido y las indemnizaciones derivadas de las posibles declaraciones de responsabilidad civil o criminal por el uso del material, cualquiera que sea su cuantía, correrán a cargo de los ayuntamientos.

Artículo 10º.-Reversión de bienes en la comunidad autónoma.

1. Si el material cedido no se aplicase al fin señalado o dejase de estarlo con posterioridad, si se descuidase o utilizase con grave quebrantamiento, o se incumpliesen las condiciones que se detallan en esta orden, se considerará resuelta la cesión y los bienes revertirán a la comunidad autónoma, que tendrá derecho a percibir, después de la tasación pericial, el valor de los detrimentos o de los deterioros que experimentasen.

2. La Consellería de Justicia, Interior y Administración Local estará dotada de facultades de vigilancia y control, para comprobar el cumplimento de las obligaciones que lleva aparejadas la cesión y, en su caso, para la resolución de los expedientes de reversión.

Disposiciones finales

Primera.-Se faculta al director general de Interior y Protección Civil para dictar, en el ámbito de sus competencias, las resoluciones precisas para el desarrollo de esta orden.

Segunda.-Será de aplicación supletoria el Decreto 287/2000, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla el régimen de ayudas y subvenciones públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Tercera.-Esta orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2003.

Antonio Pillado Montero

Conselleiro de Justicia, Interior

y Administración Local