En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Pontevedra se tramita el P. ordinario 63/2002, a instancia de la mercantil Novo Lar de Arousa, S.L., contra la Dirección General de Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia.

En los referidos autos ha recaído auto de fecha 14-1-2003, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«S.Sª ante mi la secretaria, acuerda plantear ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia la cuestión de ilegalidad del artículo 7, apartado primero, del Decreto 376/1996, de 17 de octubre, sobre distribución de competencias entre los órganos de la Xunta de Galicia, para la imposición de sanciones por infracción en las materias laborales, de prevención de riesgos y por obstrucción de la labor inspectora, y que dio lugar a la sanción anulada por sentencia de 2-1-2003 de este juzgado, por entenderse que se fundaba en aquella disposición general ilegal. Se emplaza a las parte para que, en el plazo de quince días, puedan comparecer y formular alegaciones ante el referido Tribunal Superior de Justicia de Galicia y verificado, remítanse al tribunal ad quem, certificación del presente auto y copia testimoniada de los autos principales y del expediente administrativo. El planteamiento de esta cuestión deberá publicarse en el Diario Oficial de

Galicia...».

Y en cumplimiento de lo acordado y para que se proceda a su publicación en el Diario Oficial de Galicia, se expide, firma y sella el presente edicto en Pontevedra a veintidós de enero de dos mil tres. Doy fe.

La secretaria judicial

Rubricado