Por Orden de 3 de mayo de 2002, la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales, anunció medidas de apoyo a los ayuntamientos gallegos, consistentes en la cesión de material quitanieves para misiones de protección civil.

Los servicios provinciales de protección civil, una vez analizadas las solicitudes y su documentación, emitieron el correspondiente informe técnico, según se indica en el artículo 5 de la Orden de 3 de mayo, que fue tenido en cuenta por la comisión de evaluación para hacer la propuesta de resolución y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la referida orden,

RESUELVO:

Primero.-Conceder con cargo a la aplicación 13.04.231A.623.0 de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2002, la cesión de material quitanieves para misiones de protección civil a los ayuntamientos de la provincia de Lugo: Cervantes, A Fonsagrada, O Incio, Pedrafita y A Pobra de Brollón; de la provincia de Ourense:

Avión, Chandrexa de Queixa, Laza, Maceda, Muíños, A Veiga, Viana do Bolo y Vilariño de Conso; y de la provincia de Pontevedra: A Estrada, Lalín y Rodeiro.

Segundo.-Se notificará el contenido de esta resolución a los ayuntamientos beneficiarios, especificando las condiciones particulares que deberán cumplir, y que se formalizarán mediante convenio en el que constará el acuerdo de la cesión y la aceptación del cesionario.

Tercero.-Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses contados a partir del siguiente al de la publicación de esta orden.

En todo caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se produzca la desestimación presunta del recurso de reposición.

Santiago de Compostela, 23 de julio de 2002.

Antonio Pillado Montero

Conselleiro de Justicia, Interior y Relaciones Laborales