El conselleiro de la Presidencia y Administración Pública dictó, en fecha 18 de mayo de 2001, resolución en el procedimiento de compatibilidad incoado por José Manuel Faraldo Lorenzo, y le autoriza la compatibilidad solicitada en los términos y con las condiciones que se indican en la misma.

Intentada la notificación de la citada resolución a través del servicio de correos por dos veces al domicilio indicado por el interesado a efectos de notificaciones, así como tres veces a su centro de trabajo,

ésta no se pudo practicar, siendo devuelta por el servicio de correos.

En virtud de las razones expuestas, esta dirección general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en concordancia con su artículo 61, en virtud del presente anuncio, notifica a José Manuel Faraldo Lorenzo la resolución del conselleiro de la Presidencia y Administración Pública, de fecha 18 de mayo de 2001, por la que se resuelve en determinados términos la solicitud de reconocimiento de compatibilidad formulada por el interesado entre actividad pública y privada.

El solicitante podrá recoger la resolución mediante comparecencia en la Subdirección General de Régimen Jurídico y Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública, situada en el edificio administrativo San Caetano, 1-3º en Santiago de Compostela, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Contra la referida resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el interesado, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el conselleiro de la Presidencia y Administración Pública, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su comparecencia, para recoger la resolución, o al del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior sin que el interesado comparezca, o directamente el recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados del mismo modo, a elección del/a demandante, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción en la que tenga aquél su dirección o en el de Santiago de Compostela, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de noviembre de 2001.

Joaquín López-Rúa Soler

Director general de la Función Pública

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