Agustín Ignacio Pena López, secretario del Juzgado de lo Social número uno de A Coruña, hago saber: que en los autos nº 558/2001, seguidos a instancia de José Seijas Barcala contra Galfarma, S.L. y otras, sobre despido, la magistrada-jueza de este juzgado, María Antonia Rey Eibe, dictó sentencia, en la fecha 4-10-2001, con la siguiente parte dispositiva:

«Que estimando la demanda interpuesta por José Seijas Barcala, contra las empresas Aplicaciones Tecnológicas de Telecomunicaciones, S.L. y Galfarma, S.L., debo declarar y declaro la improcedencia del despido y, no siendo posible la opción entre la readmisión en su puesto de trabajo por el cierre de las empresas, condeno a dichas demandadas a que, conjunta y solidariamente, abonen al actor la suma de 950.350 pesetas en concepto de indemnización, más los salarios de tramitación dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de la presente resolución.

Notifíqueseles esta resolución a las partes, a las que se hará saber que, contra la referida sentencia, cabe recurso de suplicación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que deberá anunciarse ante este juzgado en el plazo de cinco días, a contar desde la notificación de esta resolución, y en el propio término, si el recurrente fuese patrón, deberá mostrar resguardo acreditativo de haber depositado en la cuenta de consignaciones de este juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, la cantidad objeto de la condena, identificador 5602-60, y el depósito especial de 25.000 pesetas, en la misma cuenta, identificador 5602-65, requisitos sin los cuales no podrá tenerse por anunciado el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo».

Y para que sirva de notificación a Aplicaciones Tecnológicas de Telecomunicaciones, S.L., que tuvo su última dirección conocida en avda. Calvo Sotelo, 21-2º dcha., A Coruña, y que en la actualidad se desconoce, y a fin de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, expido y firmo este edicto en A Coruña, 4 de octubre de 2001.

El secretario judicial

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