Yo, Agustín Ignacio Pena López, secretario del Juzgado de lo Social número uno de A Coruña, hago saber que en los autos número 621/2001, seguidos a instancia de Juan Carlos Laíño Varela contra Aplicaciones Tecnológicas de Telecomunicaciones, S.L., sobre despido, la magistrada-jueza de este juzgado, María Antonia Rey Eibe, dictó sentencia, en la fecha 21-9-2001, con la siguiente parte dispositiva:

«Que estimando la demanda interpuesta por Juan Carlos Laíño Varela contra la empresa Aplicaciones Tecnológicas de Telecomunicaciones, S.L., debo declarar y declaro la improcedencia del despido y, no siendo posible la reincorporación en su puesto de trabajo, debo declarar resuelta la relación laboral, condenando a la empresa demandada a que haga pago al actor, en concepto de indemnización, de la cantidad de 25.624 pesetas, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de la presente resolución, con la absolución del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que pudiese corresponderle.

Notifíqueseles esta resolución a las partes, a las que se hará saber que contra la referida sentencia cabe recurso de suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que deberá anunciarse ante este juzgado en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de esta resolución, y en el propio término, si el recurrente fuese patrón, deberá mostrar resguardo acreditativo de haber depositado en la cuenta de consignaciones de este juzgado, abierta en el Banco Bilbao-Vizcaya, la cantidad objeto de la condena, identificador 5602-60, y el depósito especial de 25.000 pesetas en la misma cuenta, identificador 5602-65, requisito sin los cuales no podrá tenerse por anunciado el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo».

Y para que sirva de notificación a Aplicaciones Tecnológicas de Telecomunicaciones, S.L., que tuvo su última dirección en Calvo Sotelo, 21, A Coruña, y que en la actualidad se desconoce, y a fin de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, expido y firmo este edicto en A Coruña, a 21 de septiembre de 2001.

El secretario judicial

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