Visto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de A Coruña el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 620/1999, interpuesto por Matías Santos Silva Martínez y José Fernández Franco, contra la Orden de 1 de diciembre de 1998, por la que se eleva a definitiva la propuesta de aspirantes que superaron el proceso selectivo para el ingreso, entre otras, en la categoría

9 del grupo IV y en la categoría 8 del grupo V del persoal laboral fijo da Xunta de Galicia, dictó sentencia 24/2000 de 3 de febrero de 2000, pronunciándose en el siguiente sentido:

«Fallo: que procede, de conformidad con el tenor de los artículos 68.1º b) y 2º; 70.2º y 71.1º a); b) y c) de dicha Ley 29/1998, de 13 de julio, estimar aquel recurso contencioso-administrativo al efecto promovido; declarar la anulabilidad y, por ende, la modificación de aquella Orden de 1 de diciembre de 1998, del conselleiro de Presidencia y Administración Pública de la Xunta de Galicia, en lo que atañe precisa y específicamente a la cobertura de aquellas referidas plazas de personal laboral fijo de autos, procediendo, en consecuencia, la modificación del resultado de aquel referido proceso selectivo y en un plazo de un (1) mes a contar desde la notificación de la presente sentencia y firme desde luego que sea la misma, en lo que se refiere al respectivo otorgamiento de aquellas sendas plazas y previa adjudicación del puesto que les corresponda, conforme a la puntuación otrora obtenida en la relación de personal aprobado en orden a la obtención tanto de aquella referida plaza de

oficial de 2ª de faenas agrícolas de la categoría 9 del gurpo IV de personal laboral fijo de la Xunta de Galicia a Matías Santos Silva Martínez, y de aquella otra plaza de peón agrario especializado de la categoría 8 del grupo V de igual Administración autonómica a José Fernández Franco, sin que desde luego quepa especial pronunciamiento en materia de costas procesales».

Contra dicha sentencia, la representación de la Consellería de la Presidencia y Administración Pública de la Xunta de Galicia interpuso recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que está pendiente de resolución.

Solicitada por los interesados la ejecución provisional de la sentencia 24/2000, de 3 de febrero de 2000, fue estimada por auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de A Coruña de 5 de mayo de 2000, en los siguientes términos:

«Se acuerda la estimación de aquella solicitud de ejecución provisional de aquella sentencia 24/2000, de 3 de febrero de 2000, de este mismo órgano jurisdiccional unipersonal contencioso-administrativo aquí residenciado y sin perjuicio de aquel otro trámite apelatorio que corre ahora igualmente unido».

Interpuesto recurso de súplica contra el mismo, en fecha 29 de mayo de 2000 el juzgado dictó auto en el que se acuerda:

«La estimación parcial del recurso de súplica ahora promovido y, en consecuencia, conforme a aquellos términos transaccionales apuntados de consumo, confirmar a aquellos precitados recurrentes en su provisonal condición de personal laboral fijo de aquella Administración autonómica, que aún se les permite elegir destino al efecto entre aquellas plazas de aquel carácter que estén vacantes y todavía pendientes de efectiva cobertura».

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 84.1º en relación con los artículos 103 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, tal sentencia deberá ejecutarse provisionalmente en los términos indicados en el auto de fecha 29 de mayo de 2000.

Santiago de Compostela, 21 de julio de 2000.

Jaime Pita Varela

Conselleiro de la Presidencia y Administración

Pública