A efectos de darle cumplimiento a lo solicitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense, en relación con el procedimiento ordinario número 133/2021, interpuesto por José Manuel Camilo Feijóo González, contra la Resolución dictada por el director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística el 18.3.2021, expediente OUR/88/2018-RP1, en la que declara que las obras ejecutadas en suelo de núcleo rural, consistentes en la ejecución de una edificación principal (construcción 1) destinada a un uso residencial, que carece de título habilitante de naturaleza urbanística, resulta ilegalizable por ser contraria al ordenamiento urbanístico y en la ejecución de una edificación auxiliar (construcción 2) ejecutada con cierre de bloque cerámico, que parece dedicarse a corral doméstico, sitas sobre las parcelas catastrales 3253A029007820000IZ, 3253A029024160000IT e 32053A029090230000IF, en el lugar de Monteverde, ayuntamiento de Nogueira de Ramuín, no son legalizables por ser incompatibles con el ordenamiento urbanístico y ordena la demolición de las obras, la reposición de los terrenos afectados al estado anterior al inicio de las obras, así como el cese definitivo de los usos a los que diese lugar, esta dirección resolvió ordenar la remisión del correspondiente expediente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense.

Al no poder realizarse la notificación personal del emplazamiento, mediante la presente cédula (que al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, LPACAP, se le notifica por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado) se emplaza a Santiago Feijóo Martínez para que pueda personarse como interesado en los autos en el plazo de nueve días, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de junio de 2021

Jacobo Hortas García
Director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística