Yo, María Teresa Vázquez Abades, letrada de la Administración de justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Santiago de Compostela, hago saber que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 143/2020 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de Manuel González Álvarez contra Lodri 2015, S.L. y Fogasa, se han dictado las siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Auto:
Magistrada jueza: Paula Méndez Domínguez.
Santiago de Compostela, 22 de diciembre de 2020.
Parte dispositiva:
Dispongo despachar orden general de ejecución de la Sentencia 192/2020, de 16 de octubre, dictada en el procedimiento ordinario 406/2017 a favor de la parte ejecutante, Manuel González Álvarez, frente a Lodri 2015, S.L. y Fogasa, parte ejecutada, por importe de 593,27 euros en concepto de principal (456,86 euros en concepto de salarios, vacaciones y dietas, 110,34 euros en concepto de intereses del artículo 29.3 del Estatuto de los trabajadores (ET) sobre los conceptos salariales, que comportan 255,76 euros, 26,07 euros en concepto de intereses del artículo 1.108 del Código civil sobre los conceptos indemnizatorios, que comportan 201,10 euros), más otros 59,32 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
La jueza. La letrada de la Administración de justicia.
Decreto:
Letrada de la Administración de justicia: María Teresa Vázquez Abades.
Santiago de Compostela, 22 de diciembre de 2020.
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
– Requerir a la ejecutada, Lodri 2015, S.L., a fin de que en el plazo de diez días abone la cantidad de 593,27 euros en concepto de principal (456,86 euros en concepto de salarios, vacaciones y dietas, 110,34 euros en concepto de intereses del artículo 29.3 del Estatuto de los trabajadores (ET) sobre los conceptos salariales, que comportan 255,76 euros, 26,07 euros en concepto de intereses del artículo 1.108 del Código civil sobre los conceptos indemnizatorios, que comportan 201,10 euros), más otros 59,32 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación. Ingresará dicho importe en la cuenta de este juzgado, abierta en Banco Santander con el número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (nº de expediente judicial 1589 0000 64 0143 20), con apercibimiento de que, en caso de no cumplir el requerimiento en el plazo conferido, se procederá al embargo de sus bienes para cubrir dicha suma, previa averiguación de los mismos a través de la aplicación informática de este juzgado.
– Requerir a Lodri 2015, S.L. a fin de que en el plazo de diez días manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionada, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y se le podrán imponer también multas coercitivas periódicas.
Modo de impugnación. Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse, ante el presente órgano judicial, en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma.
La letrada de la Administración de justicia.
Para que sirva de notificación en legal forma a Lodri 2015, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 22 de diciembre de 2020
La letrada de la Administración de justicia
