La Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril), por la que se modifica la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, en su disposición adicional segunda, dispone lo siguiente:

«1. Los profesores titulares de escuela universitaria que, a la entrada en vigor de esta ley, posean el título de doctor o lo obtengan posteriormente, y se acrediten específicamente en el marco de lo previsto por el artículo 57, accederán directamente al cuerpo de profesores titulares de universidad, en sus propias plazas. Para la acreditación de profesores titulares de escuela universitaria se valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia».

«2. Quienes no accedan a la condición de profesor titular de universidad permanecerán en su situación actual manteniendo todos sus derechos y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora».

Una vez comprobado el cumplimiento por la persona interesada de los requisitos establecidos y de acuerdo con lo dispuesto en las citadas disposiciones adicionales y en uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por la Ley orgánica de universidades, y el Decreto 14/2014, de 30 de enero (DOG de 12 de febrero), por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Santiago de Compostela, resuelvo lo siguiente:

Queda integrada en el cuerpo de profesores titulares de universidad la funcionaria del cuerpo de profesores titulares de escuela universitaria, perteneciente a esta universidad, que se relaciona a continuación, quedando adscrita al mismo departamento, área de conocimiento y centro que estuviera en su cuerpo de origen:

Apellidos y nombre	DNI	Área de conocimiento	Fecha de efectos de la integración
Pita Calvo, Consuelo	**6325***	Química Analítica	3.10.2019

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, en el plazo de dos (2) meses, de conformidad con los artículos 46 y 8.3 da Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, aprobada por Ley 29/1998, de 13 de julio.

No obstante, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el órgano que dictó el acto, al amparo del artículo 123 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, sin que en este caso se pueda interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que no recaiga resolución expresa o se hubiese producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Santiago de Compostela, 8 de junio de 2020

Antonio López Díaz
Rector de la Universidad de Santiago de Compostela