De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (en adelante, LORPM) corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia, en su ámbito territorial, la ejecución de las medidas impuestas por los juzgados de menores en sus resoluciones firmes para lo cual llevará a cabo la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las medidas previstas en esa ley.

En este sentido, el Decreto 176/2015, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Política Social, encomienda a la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica la ejecución de las medidas dictadas por los juzgados de menores, en los términos establecidos en la LORPM.

La citada LORPM prevé, en su artículo 45.3, la posibilidad de que la Comunidad Autónoma establezca los convenios o acuerdos de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivadas de dicha ejecución.

Asimismo, el artículo 88 de la Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, señala que la Xunta de Galicia podrá celebrar convenios o acuerdos de colaboración con las demás administraciones, así como otras entidades, públicas o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración, y sin que ello suponga cesión de la titularidad o responsabilidad.

En virtud de este título habilitante y teniendo en cuenta el superior interés de la persona menor que preside las actuaciones en el ámbito de la jurisdicción de menores, la colaboración con entidades privadas de iniciativa social con experiencia acreditada permite asegurar una intervención educativa de calidad orientada a la efectiva reinserción de los/las menores.

Existe una pluralidad de entidades entre cuyos fines se encuentra la intervención socioeducativa con personas menores y jóvenes, capacitadas para desarrollar programas de intervención con menores.

Por todo ello, se hace necesaria la articulación de un procedimiento de selección que garantice los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación, al tiempo que permita elegir el proyecto de aquella entidad que garantice una mejor calidad técnica en la intervención a llevar a cabo en la ejecución de las medidas en medio abierto en la provincia de A Coruña, a fin de que se realice una actuación adecuada y en beneficio de la persona menor, teniendo en cuenta sus intereses.

Por todo lo expuesto

RESUELVO:

Primero. Aprobar y convocar el procedimiento de selección de entidad privada sin ánimo de lucro para la ejecución, en la provincia de A Coruña de las medidas no privativas de libertad, denominadas de medio abierto, dictadas por los juzgados de menores, y de tareas y actividades de reparación extrajudiciales, según lo establecido en la LORPM, de conformidad con las bases establecidas en el anexo I, a través de la formalización de un convenio de colaboración (anexo IV).

La entidad con la que se firme un convenio de colaboración percibirá de la Consellería de Política Social con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02.312B.228 de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia una compensación máxima de 1.072.579,32 euros por los gastos en los que incurra en el desarrollo de las actividades conveniadas, que en ningún caso supondrá un beneficio económico para la entidad conveniante. Dicho importe será distribuido como sigue:

Convenio de colaboración para la ejecución de las medidas judiciales y otras actuaciones de medio abierto en la provincia de A Coruña	2020	312.835,63 €
	2021	536.289,66 €
2022	223.454,03 €

El expediente de gasto se tramitará por el procedimiento de tramitación anticipada, al amparo de la Orden de 11 de febrero de 1998 por la que se regula la tramitación anticipada de gastos, y está condicionado a que una vez aprobado el presupuesto subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que se produjeron, y por tanto, a la existencia de crédito adecuado y suficiente una vez aprobados los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Galicia.

Tercero. La presente resolución agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, sin perjuicio de la previa interposición, con carácter potestativo, del recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de diciembre de 2019

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social

ANEXO I

Procedimiento de selección de entidad privada sin ánimo de lucro para llevar
a cabo una intervención educativa integral con personas menores que tengan
que cumplir medidas judiciales y otras actuaciones de medio abierto previstas
en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal
de los menores, en la provincia de A Coruña

Primero. Objeto de la convocatoria

1. La presente convocatoria tiene por objeto establecer el proceso para la selección de entidad privada sin ánimo de lucro para llevar a cabo una intervención educativa integral con personas menores que tienen que cumplir dentro del ámbito de la provincia de A Coruña medidas no privativas de libertad, denominadas de medio abierto, impuestas por los juzgados de menores o que tengan que realizar tareas y actividades de reparación extrajudicial, de acuerdo con lo establecido en la LORPM, mediante la celebración de un convenio de colaboración.

El término «persona menor» se entenderá, en el marco de lo dispuesto en la LORPM, así como en la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, como extensivo a la totalidad de aquellas personas a las que les sea aplicable alguna medida derivada de la LORPM, independientemente de que alcanzasen o no la mayoría de edad en el momento de la ejecución, de acuerdo con el uso que a dicho término se da en dichas leyes.

2. El procedimiento tendrá el código BS213C a los efectos de identificación en la sede electrónica de la Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) y el acceso al formulario de inicio específico, de uso obligatorio para los interesados.

Segundo. Finalidad y objetivos de la convocatoria

1. Se seleccionará la entidad privada sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas y recursos destinados a la ejecución en el ámbito de la provincia de A Coruña de medidas judiciales en medio abierto impuestas por los juzgados de menores y de los programas educativos que las desarrollan, de manera que quede garantizada la ejecución de las siguientes medidas en medio abierto:

a) Tratamiento ambulatorio.

b) Asistencia a centro de día.

c) Permanencia de fin de semana en domicilio.

d) Libertad vigilada (cautelar y dictada en sentencia firme).

e) Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo (cautelar y dictada en sentencia firme).

f) Prestaciones en beneficio de la comunidad.

g) Realización de tareas socioeducativas.

También quedará garantizada la realización de las tareas y actividades de reparación extrajudiciales previstas en el artículo 19 de la LORPM que, propuestas por los equipos técnicos de los juzgados de menores, fuesen derivadas a la Jefatura Territorial de A Coruña de la Consellería de Política Social.

2. La intervención educativa integral en medio abierto se llevará a cabo en la provincia de A Coruña en un recurso no residencial que se denominará Centro de Intervención Educativa en Medio Abierto (CIEMA Coruña).

Este recurso cumplirá los requisitos previstos en el artículo 7 del Decreto 254/2011, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de registro, autorización, acreditación y la inspección de los servicios sociales en Galicia, y las características previstas para un centro de día en el Decreto 329/2005, de 28 de julio, por el que se regulan los centros de menores y los centros de atención a la infancia, y en el Decreto 192/2015, de 29 de octubre, por el que se define la cartera de servicios sociales de familia, infancia y adolescencia.

3. En el desarrollo de los programas y recursos, la entidad debe cumplir de forma estricta la normativa aplicable, así como las circulares que resulten de aplicación y, en particular, a título meramente enunciativo:

a) Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

b) Real decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la LORPM.

c) Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y la convivencia de Galicia.

d) Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia.

e) Decreto 192/2015, de 29 de octubre, por el que se define la cartera de servicios sociales de familia, infancia y adolescencia.

f) Decreto 254/2011, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de registro, autorización, acreditación y la inspección de los servicios sociales en Galicia.

g) Decreto 329/2005, de 28 de julio, por el que se regulan los centros de menores y los centros de atención a la infancia.

h) Decreto 42/2000, de 7 de enero, por el que se refunde la normativa reguladora vigente en materia de familia, infancia y adolescencia.

i) Orden de la Consellería de Familia, Mujer y Juventud, de 1 de agosto de 1996, por la que se regulan los contenidos mínimos del Reglamento de régimen interior y el proyecto educativo de los centros de atención a menores.

j) Circular núm. 13, de 5 de junio de 2008, en la que se establece el procedimiento de las actuaciones para la ejecución de las medidas judiciales en medio abierto impuestas por los juzgados de menores y los programas que las desarrollan.

Asimismo, serán de aplicación cuantas otras disposiciones legislativas y reglamentarias relacionadas con la actividad objeto de ejecución sean de aplicación, así como aquellas que entren en vigor durante el período de ejecución del convenio y sean de aplicación.

Tercero. Participantes

Podrán participar en el procedimiento de selección las entidades privadas sin ánimo de lucro cuyos fines, objeto o ámbito de actividades tengan relación directa con el objeto del convenio, según sus estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Consellería de Política Social en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El cumplimiento de este requisito será comprobado de oficio por la Administración.

Asimismo, la entidad seleccionada debe disponer, el día 15 de mayo de 2020, del permiso de inicio de actividades para el recurso no residencial CIEMA Coruña que oferta. El cumplimiento de este requisito será objeto de comprobación de oficio por la propia Administración.

Cuarto. Presentación de solicitudes

1. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia,
https://sede.xunta.gal (anexo III).

Si alguna de las personas interesadas presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considera como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que fue realizada la subsanación.

Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia. Si el último día del plazo es inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Los sábados y festivos se consideran inhábiles a todos los efectos.

3. En la solicitud, anexo III, firmada por el/la representante de la entidad, deberán figurar datos identificativos y acreditativos de determinados aspectos señalados en esta resolución y demás normativa aplicable:

a) Identificación del solicitante, del/de la representante, dirección para notificaciones, datos bancarios e identificación de la persona para las funciones de coordinación y comunicación.

b) Declaraciones sobre:

1º. Suscripción para el CIEMA Coruña de las siguientes pólizas de seguros:

1.1º. Póliza de seguros que cubra los daños y siniestros que se produzcan en los locales, instalaciones o bienes, aparatos y materiales afectos al servicio.

1.2º. De responsabilidad civil que cubra:

1.2.1º. Los daños que pudiera sufrir cualquier persona, en sí misma o en sus bienes, y que deriven del funcionamiento del CIEMA Coruña y, en su caso, otros equipamientos en los que se lleva a cabo una intervención educativa en medio abierto.

1.2.2º. Los daños que pudiesen ser causados a terceras personas y a sus bienes por los/las profesionales y, en general, por cualquier persona dependiente del CIEMA Coruña o entidad, incluidos los actos derivados de actividades relacionadas con la actividad conveniada, realizadas por cualquiera de las personas anteriormente citadas, tanto dentro como fuera de las instalaciones.

1.2.3º. Los daños que pudiesen ser causados a terceras personas y a sus bienes por las personas menores atendidas, tanto dentro como fuera de las instalaciones.

La suma asegurada deberá ser de un mínimo de 150.000 euros por siniestro y 300.000 euros por anualidad y equipamiento.

1.3º. De accidentes de menores, causados tanto en el interior del CIEMA Coruña, como en los desplazamientos y actividades realizadas en el exterior de los centros.

La suma asegurada deberá ser de un mínimo de 6.000 euros por persona por fallecimiento y 30.000 euros por invalidez permanente, incluir la asistencia médica ilimitada y cubrir los gastos sanitarios y de sepelio.

2º. Adscripción a la ejecución de las medidas de los medios personales y materiales precisos para su buena ejecución y, en todo caso, los indicados en la memoria que se adjunta como documentación complementaria.

3º. Condiciones del personal que va a desempeñar sus funciones en el CIEMA Coruña: inexistencia de sentencia firme por la comisión de delito contra la libertad e indemnidad sexual que incluye la agresión y el abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, en aplicación del artículo 13.5 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código civil.

c) Indicación de la documentación complementaria que se adjunta y, en su caso, constancia de los datos relativos a documentos aportados anteriormente con indicación del tipo, órgano administrativo ante el que se presentó, código de procedimiento y fecha de presentación y/o manifestación de la oposición a la consulta de los documentos señalados en el apartado sexto.

Quinto. Documentación necesaria para la tramitación del procedimiento

1. Las entidades deberán aportar con la solicitud la siguiente documentación:

a) Escritura o documento de constitución, estatutos en que conste la finalidad y las normas por las que se regula la entidad en su actividad, así como sus modificaciones, si las hubiere, inscritos en el correspondiente registro oficial cuando esto fuese exigible conforme a la normativa que le sea aplicable.

b) Documentación acreditativa de la representatividad de la persona solicitante para actuar en nombre de la entidad para el caso de que esta se atribuya a persona distinta a la que figura en el Registro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Consellería de Política Social.

c) Certificación/ones expedida/s por la/las entidad/es pública/s acreditativa/s de la experiencia de la entidad en programas con menores que se encuentren bajo una medida de protección por parte de la Administración pública o que deban cumplir medidas judiciales al amparo de la LORPM (en caso de que se trate de otra Administración pública distinta de la Xunta de Galicia).

d) Proyecto de intervención educativa con la estructura y contenidos mínimos determinados en el punto 1.4 del anexo II. En dicho proyecto se incluirán, en su caso, los programas adicionales que presente la entidad para su valoración, de acuerdo con lo establecido en el apartado decimoprimero del anexo I.

e) Memoria en la que se indiquen los recursos materiales y humanos con los que contará el CIEMA Coruña para la ejecución de las medidas, de acuerdo con lo previsto en el punto 2 del anexo II.

En dicha memoria figurarán, asimismo, en su caso, los equipamientos materiales y medios personales que adicionalmente presente la entidad para su valoración, de acuerdo con lo establecido en el apartado decimoprimero del anexo I, con indicación en estos últimos del número de horas anuales que prestará cada profesional.

f) Plan de formación continua del personal, con el contenido indicado en el punto 3 del anexo II.

g) Propuesta desglosada de los gastos totales derivados de la ejecución de la actividad objeto de convenio, firmada por el responsable de la entidad, cuyo importe en ningún caso podrá superar lo previsto en la presente convocatoria.

Dicha propuesta diferenciará entre gastos de personal, gastos de funcionamiento del CIEMA Coruña y gastos de las personas menores.

h) Declaración responsable del número de personas trabajadoras fijas con discapacidad y porcentaje que representan sobre la plantilla total (en su caso).

2. No será necesario aportar los documentos que ya habían sido presentados anteriormente. A estos efectos, la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos. Se accederá a dicha consulta de acuerdo con lo previsto al respecto en la normativa en materia de protección de datos.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerirle a la persona interesada su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

3. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente. Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, la Administración podrá requerir la exhibición del documento original para el cotejo de la copia electrónica presentada.

Si alguna de las personas interesadas presenta la documentación complementaria presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que fue realizada la subsanación.

4. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud se deberá indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de registro de entrada de la solicitud y el número de expediente, si se dispone de él.

5. En caso de que alguno de los documentos que se presente de forma electrónica supere los tamaños máximos establecidos o tenga un formato no admitido por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, se permitirá la presentación de este de forma presencial dentro de los plazos previstos y en la forma indicada en el párrafo anterior. La información actualizada sobre el tamaño máximo y los formatos admitidos puede consultarse en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Sexto. Comprobación de datos

1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán, en el marco del cumplimiento de la norma reguladora en materia de protección de datos, los datos incluidos en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas:

a) NIF de la entidad solicitante.

b) DNI o NIE de la persona representante.

c) Certificado sobre cumplimiento de obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

d) Certificado sobre cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social.

e) Certificado sobre cumplimiento de obligaciones tributarias con la Administración pública de la Comunidad Autónoma.

f) Certificado de implantación del Plan de igualdad.

g) Resolución de concesión de la Marca Gallega de Excelencia en Igualdad.

2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente habilitada en el formulario de inicio al aportar los documentos.

3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitase la obtención de los citados datos se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los documentos correspondientes.

Séptimo. Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitud

Todos los trámites administrativos que las personas interesadas deban realizar durante la tramitación de este procedimiento deberán ser realizados electrónicamente accediendo a la Carpeta ciudadana de la persona interesada disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Octavo. Órgano competente para la instrucción del procedimiento

La dirección general con competencias en materia de familia, infancia y dinamización demográfica es el órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento.

Noveno. Enmienda de la solicitud

Si la solicitud no está debidamente cumplimentada o no se presenta la documentación exigida, el órgano instructor requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo improrrogable de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, subsane la falta o adjunte los documentos preceptivos. En este requerimiento se hará indicación expresa de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 45 de dicha ley, los requerimientos de enmienda deberán publicarse en el Diario Oficial de Galicia.

Décimo. Comisión de Valoración

1. Mediante resolución de la persona titular de la Consellería de Política Social se designará una comisión de valoración para la evaluación de las solicitudes presentadas de conformidad con los criterios preferenciales. Dicha comisión emitirá un informe resultado de la baremación, informe que le remitirá al órgano instructor para la emisión de la propuesta de resolución. Por cada miembro de la comisión, la persona titular de la consellería designará una persona suplente que sustituirá a la persona titular en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en los que se declare su abstención o recusación.

Esta comisión estará formada por:

a) Presidente: la persona titular de la subdirección general competente en materia de política familiar, infancia y adolescencia.

b) Tres vocales:

1º. La persona titular del servicio con competencia en materia penal juvenil.

2º. Dos técnicos al servicio de la Administración autonómica, adscritos al órgano competente en materia de familia, infancia y dinamización demográfica.

2. El secretario de la comisión será un/una funcionario/a público/a de la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, que actuará con voz pero sin voto.

3. Resulta de aplicación a este órgano el régimen jurídico y de funcionamiento previsto para los órganos colegiados en la sección 3ª del capítulo II, título preliminar, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y en el capítulo I, título I, de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

Decimoprimero. Criterios de valoración y baremo

1. Se valorará la calidad técnica de la intervención propuesta, hasta 40 puntos, según el siguiente desglose:

a) La calidad del proyecto de intervención educativa, hasta 30 puntos, en atención a los siguientes criterios:

1º. Coherencia entre la problemática y necesidades de las personas menores atendidas y los objetivos, contenidos, metodología y actividades propuestos, hasta 10 puntos.

2º. Calidad de los sistemas de evaluación propuestos en el proyecto educativo (evaluación de actividades y programas, de las fases de la intervención, así como del proyecto educativo), hasta 10 puntos.

3º. Detalle del sistema de trabajo en red con los recursos comunitarios y con las familias y de la coordinación con los órganos judiciales, fiscalías y entidad pública, para la consecución de un trabajo integrado en relación con la persona menor, hasta 10 puntos.

b) Adecuación del plan de formación a las características de la actividad, hasta 5 puntos.

c) Ofertas de programas no previstos en el punto 1.3 del anexo II, hasta 5 puntos.

d) Cada programa adicional se valorará con un máximo de 1,25 puntos, en atención a los siguientes criterios:

1º. Coherencia con los programas exigidos y relevancia de la intervención: hasta 0,5 puntos.

2º. Innovación: hasta 0,40 puntos.

3º. Extensión de su aplicabilidad a la integración social y laboral de los menores, a través de la creación de redes de apoyo ajenas a la entidad: hasta 0,35 puntos.

2. Se valorarán las características del CIEMA Coruña, de su equipamiento, y de los recursos técnicos aportados, hasta 20 puntos, según el siguiente desglose:

a) Situación geográfica y comunicaciones, en particular, disponibilidad de medios de transporte colectivo para los traslados a las instalaciones y servicios educativos, sanitarios, deportivos o de ocio, que vayan a ser empleados por las personas usuarias, hasta 5 puntos.

b) Dimensiones, distribución y grado de adecuación de los espacios a las actividades que se vayan a desarrollar, hasta 5 puntos.

c) Grado de conservación, calidad y confortabilidad de los espacios y de su equipamiento, incluida la accesibilidad, hasta 4 puntos.

d) Características de la conexión a internet y de los dispositivos informáticos puestos a disposición de las personas menores, hasta 1 punto.

e) Oferta de equipamientos no previstos en el punto 2.1 del anexo II o en número superior al exigido, hasta 5 puntos, en atención a los siguientes criterios:

1º. Incremento sobre el número de plazas mínimas exigidas para el CIEMA Coruña, 0,10 puntos por plaza, con un máximo de 10 plazas (1,00 punto).

2º. Nuevo equipamiento que cumpla los requisitos previstos en el artículo 7 del Decreto 254/2011, de 23 de diciembre, y las características previstas para un centro de día en el Decreto 329/2005, de 28 de julio, y cuente con un número mínimo de 8 plazas. Solo se valorará un (1) nuevo equipamiento en distinta localidad de la que radique el CIEMA Coruña (4 puntos).

3. Se valorarán los medios personales disponibles (incremento del personal mínimo respecto al exigido en el punto 2.2 del anexo II), hasta 15 puntos.

a) Incremento del personal educativo. Se valorará cada educador/a por encima del señalado como mínimo en el punto 2.2 del anexo II, hasta 9 puntos, mediante la siguiente fórmula:

Pp = (9 × Np/Nm)

Pp: puntuación de la propuesta a valorar.

Np: número de profesionales propuestos adicionalmente incluidos en la propuesta a valorar.

Nm: número más alto de profesionales propuesto adicionalmente por las entidades concurrentes.

Cada educador/a a jornada completa constituirá una unidad. El personal educador que preste servicios en jornada inferior se computará de forma proporcional, siempre que la jornada sea igual o superior a la media jornada.

b) Incorporación de profesionales con titulación en Pedagogía, Ciencias de la Educación o de personal técnico de inserción laboral.

Se valorará como máximo la contratación de un profesional por cada perfil (a jornada completa, 2 puntos; a media jornada, 1 punto, puntuación máxima 6 puntos).

4. Se valorará la experiencia profesional acreditada en programas de intervención dirigidos a menores que se encuentren bajo una medida de protección o que deban cumplir medidas judiciales, hasta 5 puntos.

Se valorará la trayectoria y experiencia en atención a los siguientes criterios:

a) Por cada año de experiencia profesional acreditada en programas de intervención dirigidos a menores infractores, 1 punto.

b) Por cada año de experiencia profesional acreditada en programas de intervención dirigidos a menores que se encuentren bajo una medida de protección, 0,5 puntos.

5. Se valorará el importe de la cantidad justificada en concepto de compensación económica, hasta 20 puntos.

En caso de concurrir dos o más solicitantes, se aplicará la siguiente fórmula matemática:

Pp = 20 × [(Cm – Cp)/(Cm – Cb)]

Pp: puntuación de la propuesta que se valora.

Cm: compensación máxima establecida.

Cp: propuesta que se valora.

Cb: propuesta más baja de las presentadas.

Decimosegundo Criterios aplicables en caso de empate

En caso de igualdad en la puntuación obtenida por dos o más propuestas, tendrá preferencia la entidad que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos y por el orden que se indica:

a) Que cuente en su plantilla con un número de personas trabajadoras fijas discapacitadas superior al 2 %, teniendo preferencia en caso de que varias entidades estén en las mismas circunstancias la que disponga de mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad.

b) Que cuente con el reconocimiento de la Marca Gallega de Excelencia en Igualdad o con un plan de igualdad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 65 y 72 del Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, y en el Decreto 33/2009, de 21 de enero, por el que se regula la promoción de la igualdad en las empresas y la integración del principio de igualdad en las políticas de empleo.

Decimotercero. Resolución del procedimiento

Una vez revisadas y evaluadas por la Comisión de Valoración las solicitudes presentadas y emitido el informe, el órgano instructor elevará a la persona titular de la Consellería de Política Social una propuesta de resolución en la que se especificará la entidad seleccionada para llevar a cabo la intervención en medio abierto en la provincia de A Coruña.

La resolución que ponga fin al procedimiento de selección de entidad colaboradora se dictará por la persona titular de la Consellería de Política Social y se notificará en el plazo máximo de tres meses desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Galicia.

Se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva iniciado en virtud de convocatoria pública, por lo que si transcurriese dicho plazo sin que recayese resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud por silencio al amparo de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Decimocuarto. Publicaciones y notificaciones

La resolución del procedimiento se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta publicación producirá los efectos de notificación.

Asimismo, será igualmente objeto de publicidad a través de la página web de la consellería de Política Social (http://politicasocial.xunta.gal).

Decimoquinto. Régimen de recursos

Las resoluciones dictadas en este procedimiento agotan la vía administrativa y contra ellas puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo competente, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Diario Oficial de Galicia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. En caso de silencio administrativo el plazo será de 6 meses desde el día siguiente a aquel en que la solicitud se entienda desestimada. Los plazos concluirán el mismo día en que se produjo la publicación o silencio administrativo en el mes o año de vencimiento. Si en el mes del vencimiento no hubiese día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Potestativamente, y con anterioridad a la interposición del referido recurso contencioso-administrativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Diario Oficial de Galicia.

Si la resolución es presunta, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, al amparo de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Decimosexto. Suscripción de los convenios

Notificada a los interesados la resolución del procedimiento se procederá a la formalización del convenio con la entidad seleccionada, de acuerdo con el modelo previsto en el anexo IV. La fecha límite de firma del convenio será el 1 de junio de 2020.

No se formalizará el convenio de colaboración con entidad que no esté inscrita en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales y/o que no disponga de permiso de inicio de actividad para el CIEMA Coruña que presenta.

En caso de que el 15 de mayo de 2020 la entidad seleccionada en el procedimiento selectivo no contase con permiso de inicio de actividades para el CIEMA Coruña o no cumpliese cualquier otro de los requisitos fijados en el procedimiento, la persona titular de la Consellería de Política Social dictará resolución en que la declare decaída en su derecho y designe como entidad seleccionada para la firma del convenio a la siguiente entidad que obtuviese mayor puntuación de entre las valoradas en el proceso de selección. Se procederá a la firma del convenio con la entidad siguiente que cumpla los requisitos exigidos en la convocatoria, seleccionada por el orden en el que quedasen clasificadas las propuestas.

Decimoséptimo. Vigencia de los convenios

El convenio que se suscriba al amparo del presente procedimiento producirá efectos desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de mayo de 2022 y podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las partes por períodos sucesivos, no superior cada uno de ellos a un año, hasta un máximo de 2 años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, todo ello condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios correspondientes.

Decimoctavo. Información básica en materia de protección de datos de carácter personal

Los datos personales recabados en este procedimiento serán tratados en su condición de responsable por la Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, con las finalidades de llevar a cabo la tramitación administrativa que se derive de la gestión de este procedimiento y la actualización de la información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

El tratamiento de datos se basa en el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos, conforme a la normativa recogida en la ficha del procedimiento incluida en la Guía de procedimientos y servicios, en el propio formulario anexo y en las referencias recogidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados tratamientos podrán fundarse en el consentimiento de las personas interesadas, reflejándose esta circunstancia en dicho formulario.

Los datos serán comunicados a las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimientos.

A fin de darle la publicidad exigida al procedimiento, los datos identificativos de las personas interesadas serán publicados conforme a lo descrito en la presente norma reguladora a través de los distintos medios de comunicación institucionales de los que dispone la Xunta de Galicia, como los diarios oficiales, páginas web o tablones de anuncios.

Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos o retirar su consentimiento, a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o presencialmente en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, según se explicita en la información adicional recogida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

La entidad seleccionada, como encargada del tratamiento, tratará los datos para las finalidades y los usos exclusivamente precisos para la ejecución de este convenio, por lo que no podrán ser usados para un fin distinto. Los datos personales a los que tenga acceso no serán comunicados a terceros, ni siquiera para su conservación.

El tratamiento de estos datos se basa en el deber de sigilo y en su carácter confidencial de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal.

ANEXO II

Características de la intervención educativa

1. Proyecto de intervención educativa integral.

1.1. La intervención educativa. Objetivos y principios generales de la intervención.

La intervención educativa que se realice con la persona menor en ejecución de la medida judicial que le fuese impuesta seguirá, en todo caso, lo establecido en la parte dispositiva/fallo de la sentencia. Asimismo, será integral e incorporará la perspectiva de género, debiendo abarcar tanto la dimensión personal como la familiar y social. Ofrecerá espacios de escucha, reflexión, confrontación y acompañamiento para la mejora de la calidad de vida de la persona menor y de su núcleo familiar. Comprenderá aquellas actividades y programas que contribuyan a la adecuada socialización de la persona menor y que deben incidir en su formación, empleo, ocio, promoción ocupacional y convivencia.

La intervención educativa tendrá como objetivo principal la reinserción social de la persona menor, para lo cual se perseguirá que esta:

a) Asuma las consecuencias de la comisión del ilícito penal y se responsabilice del cumplimiento de la medida.

b) Tome conciencia cívica de sus derechos y deberes y sepa respetar los derechos y libertades de otras personas.

c) Potencie las actitudes y adquiera las competencias y habilidades que beneficien su desarrollo integral y le permitan ejercer una ciudadanía plena.

La intervención educativa responderá en su formulación y desarrollo a los siguientes principios generales:

a) El superior interés de la persona menor sobre cualquier otro interés concurrente.

b) El respeto al libre desarrollo de su personalidad.

c) La información de los derechos que le corresponden y la asistencia necesaria para su ejercicio.

d) La aplicación de programas fundamentalmente educativos que fomenten el sentido de la responsabilidad y el respeto por los derechos y libertades de otras personas.

e) La adecuación de las actuaciones a su edad, personalidad, género y circunstancia personales y sociales.

f) La prioridad de las actuaciones en el propio entorno familiar y social siempre que no sea perjudicial para su interés. Utilización preferente de los recursos normalizados del ámbito comunitario.

g) El fomento de la colaboración de las madres y padres o personas que ostenten la representación legal durante la ejecución de las medidas.

h) El carácter preferentemente interdisciplinar en la toma de decisiones que afecten o puedan afectar a la persona menor.

i) La confidencialidad, la reserva oportuna y la ausencia de injerencias innecesarias en la vida privada de las y de los menores y de sus familias.

j) La coordinación de actuaciones y la colaboración con otros organismos, especialmente con los que tengan competencias en materia de educación y sanidad.

k) El carácter socializador y la prevalencia de la función social y psicopedagógica en la ejecución y contenido de las medidas.

1.2. Derechos y deberes de la persona menor garantizados en la intervención.

La intervención educativa debe garantizar que la persona menor que ejecute una medida judicial en medio abierto sea informada de los derechos y deberes previstos en la legislación aplicable.

Derechos de la persona menor:

a) Derecho a que durante su estancia y/o participación en actividades programadas se vele por su integridad física y su salud, sin que pueda, en ningún caso, ser sometida a tratos degradantes o a maltrato de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor arbitrario o innecesario en la aplicación de las normas.

b) Derecho a recibir una atención individualizada y una educación de calidad en los aprendizajes y actividades en las que participe, y a la protección específica que por su condición le dispensen las leyes.

c) Derecho a que se reserve su dignidad e intimidad, a ser designada por su propio nombre y a que su condición de menor sea estrictamente reservada frente a terceras personas.

d) Derecho a un programa de intervención individualizado, y a participar en las actividades que sean adecuadas a su edad y momento evolutiva.

e) Derecho a formular peticiones o quejas que considere pertinentes, tanto ante el personal encargado de la ejecución de las medidas como ante la Jefatura Territorial de la Consellería de Política Social.

f) Derecho a recibir información personal y actualizada de sus derechos y obligaciones, así como de los procedimientos concretos para hacer efectivos tales derechos, en especial para formular peticiones, quejas o recursos.

g) Derecho a que su representación legal, en los casos que corresponda, sea informada sobre su situación y evolución, así como sobre sus derechos.

Deberes de la persona menor:

a) Realizar las actividades recogidas en el Programa individualizado de ejecución de medida (en adelante, PIEM).

b) Mantener una actitud proactiva en el desarrollo de las actividades programadas.

c) Respetar y cumplir las normas y las indicaciones que reciba del equipo educativo.

d) Mantener un trato correcto y adecuado hacia las personas con las que mantenga relación a consecuencia de la ejecución de la medida.

e) Utilizar adecuadamente las instalaciones y los medios materiales que se pongan a su disposición.

f) Respetar las normas higiénicas y sanitarias sobre vestuario y aseo personal propias de cada actividad.

1.3. Fases de la intervención. Metodología y programas a desarrollar por la entidad.

La intervención se organizará, al menos, en las siguientes fases:

a) Fase de acogimiento y valoración.

b) Fase de elaboración del programa individualizado de ejecución de la medida.

c) Fase de desarrollo y seguimiento de la intervención.

d) Fase de finalización y evaluación de la intervención.

La metodología se fundamentará, con carácter general, en los siguientes principios:

a) Contextualización-normalización: la intervención se realizará, siempre que sea posible, en el entorno social de la persona menor y usando las redes sociales normalizadas y especializadas.

b) Individualización: las circunstancias y características individuales, familiares y sociales deben tratarse y ejecutarse para cada menor.

c) Perspectiva de género: se realizará una intervención que tenga en cuenta el género en el proceso de conformación de la identidad, permita reconocer los factores de riesgo y protección asociados a esta variable y la considere como factor de desarrollo e integración social.

d) Potenciación: la intervención tendrá en cuenta las necesidades y carencias de la persona menor con el objeto de fomentar su autonomía y madurez personal y superar sus déficits formativos, culturales y de habilidades sociales y personales.

e) Integración: se contemplará la persona menor de una forma integrada para lograr el arraigo e inclusión en su realidad social.

f) Orientación: la intervención proporcionará ayuda técnica y humana a la persona menor, dotándola de herramientas para manejar y superar sus dificultades y conflictos.

En todo caso, la metodología de los distintos programas y actividades que se desarrollen para la intervención educativa integral será:

a) Comprensiva y guiada, de tal manera que la persona menor entienda tanto los contenidos como el procedimiento que se va a trabajar.

b) Integradora, relacionando los diversos aprendizajes de contenidos de diferentes áreas que formen parte de una misma realidad.

c) Participativa, basándose en la motivación de la persona menor, en el fomento de su iniciativa y de su implicación en el desarrollo de las actividades.

d) Grupal y cooperativa, persiguiendo el desarrollo, la cohesión y la vivencia del sentimiento de colaboración y equipo en aquellas actividades que se realicen en grupo.

e) Dinámica, incorporando nuevos recursos materiales, especialmente los relacionados con los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y comunicación (en adelante, TIC).

f) Progresiva, partiendo de la situación inicial de la persona menor se irán proponiendo actividades que supongan una mayor dificultad, implicación y responsabilidad.

g) Reflexiva y de análisis, facilitando que la persona menor pueda aplicar los conocimientos, actitudes y competencias técnicas e instrumentales que mejoren su posición personal y participación social.

La intervención educativa integral en medio abierto desarrollará, al menos, los siguientes programas socioeducativos:

a) De competencia social.

b) De educación en valores.

c) De promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género.

d) De aprendizaje y apoyo escolar.

e) De tecnologías de la información y comunicación (TIC) y de su uso seguro y responsable.

f) De educación para la salud.

g) De prevención del consumo de drogas.

h) De educación y seguridad vial.

i) De educación afectivo-sexual.

j) De motivación, formación y orientación para la inserción laboral.

k) De ayuda psicológica y autoapoyo. Desarrollo de la inteligencia emocional.

l) De ocio y tiempo libre.

m) De intervención familiar.

n) De atención a personas menores maltratadoras y a sus familias.

ñ) De maternidad/paternidad responsable.

o) De detección y evaluación del riesgo de reincidencia.

p) De atención específica y de lucha contra los abusos sexuales de las personas menores y la pornografía infantil.

q) De conciliación-reparación postsentencia, de acuerdo con el artículo 51 de la LORPM.

1.4. Estructura y contenidos mínimos del proyecto de intervención educativa del CIEMA Coruña:

a) Marco legal.

b) Características de la población atendida.

c) Áreas de intervención:

1ª. Psicológica.

2ª. Salud.

3ª. Escolar.

4ª. Formación, orientación e inserción laboral.

5ª. Ocio y tiempo libre.

6ª. Convivencia y relaciones con el entorno social.

7ª. Familiar.

d) Objetivos por áreas de intervención.

e) Contenidos y programas socioeducativos por área de intervención (tanto los programas recogidos en el punto 1.3 de este anexo como aquellos que desarrolle la entidad adicionalmente. Estos últimos deben identificarse de forma clara).

Para cada programa se describirá su fundamentación, objetivos generales y específicos, contenidos, actividades, temporalización, metodología y evaluación cuantitativa y cualitativa del programa y de cada actividad.

f) Marco metodológico de la intervención educativa integral.

g) Organización y funcionamiento del CIEMA Coruña y de la intervención:

1º. Descripción y funciones del personal.

2º. Organización y funcionamiento del equipo multidisciplinar.

3º. Protocolo de actuación para cada fase de la intervención.

h) Descripción del sistema de relaciones y coordinación del trabajo con las familias, recursos comunitarios, juzgados, fiscalías y entidad pública.

i) Sistema de seguimiento y evaluación de la intervención educativa en las distintas fases.

j) Evaluación del proyecto educativo (objetivos, temporalización, instrumentos, criterios e indicadores).

2. Recursos materiales y humanos para la ejecución de las medidas de medio abierto.

2.1. Recursos materiales.

La entidad deberá contar, como mínimo, con los siguientes recursos materiales:

Un centro con capacidad mínima para ejecutar simultáneamente doce medidas judiciales de asistencia a centro de día, situado preferentemente en la ciudad sede de la Jefatura Territorial de la Consellería de Política Social, que se denomina CIEMA Coruña.

Conexión a internet, cinco equipos informáticos y una impresora para uso exclusivo de las personas menores usuarias del CIEMA Coruña, así como los recursos materiales (mobiliario y material de oficina, material educativo, etc.) precisos para el correcto desarrollo de la intervención educativa.

La memoria debe incluir, en relación con los recursos materiales, una descripción clara de las características del CIEMA Coruña, en el que se indique:

a) Descripción clara de las condiciones físicas y arquitectónicas, adjuntando planos de planta y fotografías e indicando la capacidad (número de plazas), número de habitaciones, espacios comunes del personal y de las personas usuarias, espacios exteriores, etc., señalando para cada uno de los espacios el número de metros cuadrados útiles y los usos correspondientes, así como su accesibilidad.

b) Documentos gráficos de planta, portal, cubiertas, etc., con acotación a escala de los alzados y diferentes plantas.

c) Fotografías de la fachada, del portal y de los espacios interiores de la vivienda, así como de los espacios exteriores, de contar con ellos.

d) Descripción del equipamiento con indicación de su número y descripción exhaustiva de las características de los dispositivos informáticos y de la conexión a internet de los que se dispone.

e) Medios de transporte públicos con los que cuenta la zona, itinerarios, frecuencia y distancias aproximadas al local.

f) Descripción de los principales recursos educativos, sanitarios, de ocio, etc., con los que cuenta la zona y distancias aproximadas al local.

En caso de que la entidad presente otro equipamiento adicional debe indicar, asimismo, las características de dicho equipamiento.

2.2. Recursos humanos.

2.2.1. Perfiles profesionales.

El CIEMA Coruña, a los efectos de garantizar la calidad de la intervención, contará con los siguientes perfiles profesionales:

2.2.1.1. Personal de dirección/coordinación.

La dirección/coordinación de la intervención educativa integral en medio abierto será ejercida por una persona licenciada, diplomada o con titulación universitaria de grado, preferentemente de la rama de las ciencias jurídicas y sociales (Psicología, Pedagogía, Sociología, Educación Social o Trabajo Social).

El personal de dirección/coordinación tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Cumplir y hacer que el personal de intervención educativa adscrito a la ejecución de las medidas en medio abierto cumpla los mandatos judiciales que provienen del juzgado de menores correspondiente.

b) Asegurar el cumplimiento de las directrices marcadas desde la Jefatura Territorial de A Coruña de la consellería competente en materia de menores, así como desde el órgano directivo con competencias en la materia.

c) Planificar la intervención educativa en medio abierto.

d) Coordinar la realización de las tareas y actividades de reparación extrajudicial.

e) Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades y programas, así como las actuaciones del personal de intervención educativa de manera que se garantice la interdisciplinariedad y la calidad de la intervención.

f) Organizar y distribuir los y las profesionales en el territorio en base al número de menores y al tipo de intervención educativa que se precise.

g) Velar por el cumplimiento de los derechos de las personas menores que cumplen medidas y de sus proyectos individualizados de ejecución de medidas.

h) Establecer canales de colaboración con otras entidades u organismos, persiguiendo la optimización de los recursos del entorno y la calidad de la atención.

i) Garantizar la elaboración de toda la documentación que la normativa exige para la ejecución de las medidas y su remisión en plazo a los distintos departamentos de la Xunta de Galicia competentes en el área de menores.

j) Realizar evaluaciones periódicas del funcionamiento de la actividad y de las actuaciones llevadas a cabo con las personas menores.

2.2.1.2. Personal educador.

El personal educador de medio abierto es el encargado de ejecutar las medidas judiciales en este ámbito. Realiza el seguimiento de la persona menor en su medio natural con el objetivo de facilitarle su proceso socializador y madurativo. Atenderá especialmente al proceso evolutivo individual, mediante el apoyo necesario en la superación de las dificultades que dieron lugar al ilícito penal y en la mejora de sus condiciones personales, familiares y sociales. Este personal tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Conocer las características de la persona menor, de su familia y de su entorno social.

b) Informar de manera comprensiva a la persona menor y a su familia sobre su situación judicial y los derechos y obligaciones que marca la ley.

c) Valorar las necesidades educativas de cada menor de acuerdo con sus factores de riesgo y protección.

d) Definir los objetivos educativos y, en base a ellos, elaborar el PIEM, así como los informes de seguimiento, finales y de incidencias (si los hubiese) que exige la LORPM y su reglamento.

e) Explicar a la persona menor y, si procede, a su familia el PIEM en su vertiente educativa y judicial.

f) Acompañar, orientar y educar a las/los menores en su proceso de maduración y de desarrollo de hábitos y habilidades personales y sociales.

g) Proporcionar mediación y ayuda para resolver las situaciones conflictivas que tengan las personas menores a nivel personal, familiar y social.

h) Reforzar el proceso de formación reglada cuando así se precise.

i) Apoyar el proceso de orientación y formación laboral de las personas menores fomentando sus capacidades para insertarse en la sociedad.

j) Proporcionar alternativas de ocupación del tiempo libre a través de la participación en actividades de ocio organizadas.

Todo el personal educador adscrito a la ejecución de estas medidas deberá estar en posesión de una diplomatura o titulación universitaria de grado en Educación Social, o en materias propias o relacionadas con la intervención educativa o social, o contar con la acreditación correspondiente para el desempeño de esta función.

2.2.1.3. Personal psicólogo.

El/la psicólogo/a de medio abierto será la persona responsable de la aplicación e intervención en aquellas cuestiones que tengan relación con su perfil profesional. Este personal tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Estudiar la información psicológica que figure en el expediente remitido por el juzgado y completarla, si fuese preciso.

b) Detectar posibles patologías clínicas o el consumo de sustancias tóxicas y derivar estos casos al recurso especializado que corresponda.

c) Colaborar con el resto del personal de intervención educativa en la elaboración del PIEM y de los informes estipulados en la legislación aplicable.

d) Asesorar y dar apoyo técnico al personal educador durante todo el proceso de intervención educativa.

e) Colaborar en el trabajo de evaluación y seguimiento del/de la menor.

f) Elaborar, en los casos en que sea necesario, programas de intervención psicológica individual y familiar.

Este personal deberá estar en posesión de una licenciatura o titulación universitaria de grado en Psicología.

2.2.1.4. Trabajador/a social.

El/la trabajador/a social evaluará las relaciones de la persona menor con su medio social y familiar y orientará el trabajo del personal educador en esta área, para lo cual deberá conocer en profundidad el mapa de recursos y su dimensión comunitaria, en especial aquellos que fijan su atención en los/las menores y sus familias (servicios sociales, oficinas de empleo, asociaciones, recursos de ocio y tiempo libre, entidades deportivas y sociales, etc.). Este personal tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Informar a la persona menor y a su familia de los recursos y ayudas sociales existentes, en los casos en que sea necesario.

b) Tramitar la documentación y permisos administrativos que, en su caso, pueda precisar la persona menor.

c) Elaborar programas para mejora de la capacidad de empleo de los y las menores.

d) Diseñar, en los casos que corresponda y en coordinación con el resto de los profesionales de la intervención educativa, el itinerario personalizado de formación y/o inserción sociolaboral.

e) Dar apoyo técnico al personal educador durante todo el proceso de intervención educativa.

f) Colaborar con el resto del personal de intervención educativa en el trabajo de evaluación y seguimiento del/de la menor aportando la información oportuna para la elaboración de los informes estipulados en la legislación aplicable.

g) Coordinarse con las entidades públicas o servicios sociales durante el desarrollo de la intervención y, en los supuestos de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, comunicar esta situación a la finalización de la medida.

Este personal deberá estar en posesión de una diplomatura o titulación universitaria de grado en Trabajo Social.

2.2.2. Personal mínimo para la ejecución del convenio.

En todo caso, la entidad deberá contar como mínimo con los siguientes recursos humanos:

Una plantilla de profesionales para la intervención educativa constituida, por lo menos, por:

– 1 director/a.

– 11 educadores/as.

– 1 psicólogo/a.

– 1 trabajador/a social.

La referencia efectuada a cada unidad se corresponde con un profesional a jornada completa.

En la memoria es necesario indicar, en relación con este personal, la modalidad de contratación, titulación, jornada, horarios y número de horas anuales de dedicación.

3. Plan de formación continua del personal.

Este plan de formación debe indicar:

a) Los objetivos y contenidos de las actividades formativas.

b) Los perfiles profesionales de las personas destinatarias.

c) La duración prevista en horas.

d) El perfil profesional o formativo de las personas encargadas de la docencia.

ANEXO IV

Modelo de convenio

Convenio de colaboración entre la Consellería de Política Social y la entidad ...
para llevar a cabo una intervención educativa integral con personas menores que tengan que cumplir medidas judiciales y otras actuaciones en medio abierto previstas en la
Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en la provincia de A Coruña

Santiago de Compostela, ... de ... de 2020.

Reunidos:

De una parte Fabiola García Martínez, conselleira de Política Social, nombrada por el Decreto 98/2018, de 26 de septiembre, actuando en nombre y representación de la Xunta de Galicia, en el uso de las facultades que le vienen atribuidas en el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, el Decreto 88/2018, de 26 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia, y según el Decreto 176/2015, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Política Social.

De otra parte, don/doña ..., como apoderado/representante legal de ..., de acuerdo con el ...

Ambas partes comparecientes se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para el otorgamiento del presente convenio de colaboración y, en consecuencia,

Exponen:

Primero. Que la Consellería de Política Social a través de la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, tiene asumidas entre sus competencias, según el artículo 13 del Decreto 176/2015, de 3 de diciembre, la protección y tutela de los/las menores en situación de riesgo o desamparo y la ejecución de las medidas dictadas por los juzgados de menores, en los términos establecidos en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (en adelante, LORPM).

Segundo. Que ..., constituida en virtud de ..., es una entidad sin ánimo de lucro que figura inscrita en el Registro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Consellería de Política Social con el número ....

Dentro de sus objetivos contempla ..., acciones que tienen relación directa con el objeto del convenio.

Tercero. Que ambas partes en su actuación tienen en cuenta los principios recogidos en la Convención de los Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, el cumplimiento de la normativa estatal y autonómica sobre reforma de menores, las reglas mínimas uniformes de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985, la Recomendación (87) 20 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 17 de septiembre de 1987, sobre reacciones sociales ante la delincuencia juvenil y el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la prevención de la delincuencia juvenil, modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor en la Unión Europea de 15 de marzo de 2006.

Cuarto. Que el artículo 45.3 de la LORPM faculta a las comunidades autónomas para establecer los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con entidades privadas sin ánimo de lucro para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en ningún caso a cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución.

El artículo 88 de la Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, atribuye a la Xunta de Galicia la potestad de celebrar convenios o acuerdos de colaboración con las demás administraciones, así como con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración, y sin que esto suponga cesión de titularidad o responsabilidad.

Quinto. Que, con el fin de promover la concurrencia pública y garantizar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y no discriminación, la Consellería de Política Social convocó un procedimiento de selección de entidad privada sin ánimo de lucro para llevar a cabo una intervención educativa integral con personas menores que tengan que cumplir medidas judiciales y otras actuaciones de medio abierto previstas en la LORPM en la provincia de A Coruña (DOG núm. ...).

Sexto. Que, una vez resuelto el procedimiento, la entidad ... resultó seleccionada para la colaboración con la entidad pública en la ejecución de las medidas judiciales y otras actuaciones de medio abierto en la provincia de A Coruña.

Por todo lo expuesto, la Consellería de Política Social y la entidad ... acuerdan formalizar el presente convenio de colaboración de acuerdo con las siguientes

Cláusulas:

Primera. Objeto y ámbito de aplicación del convenio

Este convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consellería de Política Social y la entidad ... para llevar a cabo una intervención educativa integral con menores que tienen que cumplir medidas no privativas de libertad, denominadas de medio abierto, impuestas por los juzgados de menores en virtud del artículo 7 de la LORPM, o que tengan que realizar tareas y actividades de reparación extrajudicial previstas en el artículo 19 de la mentada ley, en el ámbito de la provincia de A Coruña.

La relación de medidas judiciales a ejecutar por la entidad, de acuerdo con la normativa que resulta de aplicación, son las siguientes:

a) Tratamiento ambulatorio. Medida destinada a los menores que disponen de las condiciones adecuadas en su vida para beneficiarse de un programa terapéutico que les ayude a superar procesos aditivos o disfunciones significativas en su psiquismo.

b) Asistencia a centro de día. Las personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán al CIEMA Coruña a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.

c) Permanencia fin de semana. Medida por la que la persona menor se ve obligada a permanecer en su hogar desde la tarde o noche del viernes hasta la noche del domingo a excepción del tiempo en que realice las tareas socioeducativas asignadas por el/la juez/a que deban llevarse a cabo fuera del lugar de permanencia, correspondiendo a la entidad seleccionada la supervisión de la permanencia de la persona menor en el lugar donde se llevará a cabo durante el horario establecido, así como la propuesta y supervisión de las tareas socioeducativas de carácter formativo, cultural o educativo que deberá realizar el menor durante la ejecución de dicha medida.

d) Libertad vigilada. En esta medida la entidad tiene que hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, el centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudarla a superar los factores que determinaron la infracción cometida.

e) Convivencia con persona, familia o grupo educativo. Es una medida que intenta proporcionar a la persona menor un ambiente de socialización positivo, mediante la convivencia, durante un período determinado por el/la juez/a, con una persona, con una familia distinta de la suya o con grupo educativo que se ofrezca a cumplir la función de la familia en lo que respecta al desarrollo de pautas socioafectivas prosociales en el/la menor. Corresponderá a la entidad seleccionada, a través del/de la profesional designado/a para la ejecución de la medida, la supervisión de la convivencia del menor en la familia o grupo educativo, informando sobre la evolución de la misma y el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el Programa individualizado de ejecución de medida (en adelante, PIEM).

f) Prestaciones en beneficio de la comunidad. Consiste en realizar una actividad, durante el número de sesiones previamente fijado, bien sea en beneficio de la colectividad en su conjunto o de personas que se encuentren en una situación de precariedad por cualquier motivo. Esta actividad de manera preferente, busca relacionar la naturaleza de la actividad en que consista la medida con los bienes jurídicos afectados por los hechos cometidos por el menor. La entidad seleccionada, previa designación del/de la profesional responsable, llevará a cabo las entrevistas necesarias con el fin de conocer las características personales del/de la menor, sus capacidades, obligaciones escolares o laborales, y su entorno social, personal y familiar, con el fin de determinar la actividad más adecuada, y hará el seguimiento y supervisión de su ejecución.

g) Tareas socioeducativas. Consiste en que la persona menor lleve a cabo actividades específicas de contenido educativo que faciliten su reinserción social. Corresponde a la entidad seleccionada, a través del/de la técnico/a designado/a por el CIEMA, determinar en el PIEM las concretas tareas de carácter formativo, cultural y educativo que debe realizar la persona menor, el lugar de realización, así como su horario.

Asimismo, corresponde a la entidad ... garantizar la realización de tareas y actividades de reparación extrajudicial previstas en el artículo 19 de dicha ley, en el ámbito de la provincia de A Coruña.

Segunda. Beneficiarios

Personas menores que tengan que cumplir una medida judicial de medio abierto impuesta por los juzgados de menores, recogida en el objeto del convenio, o que tienen que realizar reparaciones extrajudiciales o actividades educativas propuestas por los equipos técnicos de los juzgados de menores en virtud del artículo 19 de la LORPM en la provincia de A Coruña.

El término persona menor se entenderá en el marco de lo dispuesto en la LORPM, así como en la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, como extensivo a la totalidad de aquellas personas a las que le sea aplicable alguna medida derivada de la LORPM, independientemente de que alcanzasen o no la mayoría de edad en el momento de su ejecución, de acuerdo con el uso que a dicho término se da en la referida ley.

Tercera. Directrices y normativa

La entidad ... en la intervención con los menores tendrá en cuenta los principios inspiradores de la ejecución de las medidas judiciales recogidos en la LORPM y en el Real decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, así como las directrices e instrucciones dictadas desde la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, que desarrollen estos principios, primando fundamentalmente el carácter educativo de los programas, con una intervención integral que abarca aspectos educativos, formativos, familiares y sociales que favorezcan el desarrollo armónico de su personalidad y su toma de conciencia por los hechos cometidos. Esta intervención se desarrollará en las fases y de acuerdo con los objetivos, áreas, programas y metodología recogidas en el Proyecto de intervención educativa integral presentado por la entidad.

Cuarta. Obligaciones

1. De la Consellería de Política Social:

a) Remitir a la entidad ... toda la información relativa a las medidas para su ejecución.

b) Realizar todas las actuaciones administrativas que, de acuerdo con su competencia, le correspondan en la ejecución de las medidas.

c) Elaborar circulares e instrucciones que establezcan un procedimiento para la ejecución y seguimiento de las medidas de medio abierto, así como de soportes documentales que permitan un tratamiento informático de la información que garanticen la unidad de expediente y su reserva.

d) Contribuir a la financiación de las actividades objeto de este convenio en los términos señalados en la cláusula quinta.

e) Llevar a cabo el seguimiento y supervisión del trabajo llevado a cabo por la entidad.

2. De la entidad colaboradora:

2.1. En relación con la persona menor o joven.

a) Respetar sus derechos, tanto los que le reconocen las leyes nacionales como las internacionales, así como los derechos que se deriven de la ejecución de la medida judicial.

b) Acompañar a las personas menores en las gestiones que deban llevar a cabo ante las oficinas administrativas para la obtención de su documentación de carácter personal o, en su caso, las dirigidas a solicitar aquellas prestaciones de las que pudiesen ser beneficiarias.

c) Realizar el acompañamiento y asesoramiento, garantizando que la intervención educativa que se realice responda a parámetros de calidad.

d) Garantizar la alimentación y cubrir los gastos de transporte en los casos en que, por su situación sociofamiliar, proceda.

2.2. En relación con la ejecución de las medidas.

a) Aceptar a aquellas personas menores que para su atención deriven las jefaturas territoriales de la Consellería de Política Social, constituyendo estos últimos órganos el único con capacidad para derivarlas. Durante la ejecución de las medidas judiciales, la Jefatura Territorial de A Coruña de la Consellería de Política Social será el interlocutor directo con los juzgados y fiscalías de menores, canalizándose a través de esta la documentación e información salvo que los juzgados y fiscalías de menores realicen algún requerimiento directo al CIEMA Coruña.

b) Elaborar y presentar en los plazos recogidos legalmente un programa individualizado de ejecución de medida para cada persona menor o un modelo individualizado de intervención en los supuestos de medidas de carácter cautelar.

c) Realizar las actuaciones que correspondan de acuerdo con el programa de ejecución aprobado, para el seguimiento y ejecución definitiva de la medida.

d) Elaborar los correspondientes informes de seguimiento, así como de incidencias, si las hubiere, al objeto de mantener informadas a la autoridad judicial y administrativa.

e) Presentar, cuando se considere procedente, la propuesta de revisión judicial de medida o medidas.

f) Asistir a las entrevistas, reuniones, actos y diligencias procesales a los que se le convoque.

g) Actuar de manera coordinada con el personal técnico, entidades o servicios que participen en la ejecución de la medida.

h) Elaborar el informe final de valoración del proceso de ejecución y de la situación a dicha fecha de la persona menor.

i) Informar, en cualquier momento y a petición del departamento de la Xunta de Galicia competente en el área de menores, sobre la evolución de la situación de las personas menores a su cargo.

j) Seguir las instrucciones establecidas por la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica de la Consellería de Política Social, así como de las jefaturas territoriales, en relación con la ejecución de las medidas judiciales, y suministrar toda la información que le sea solicitada. En todo caso, será la Jefatura Territorial de A Coruña quien remita y/o comunique al juzgado de menores que impuso la medida toda aquella documentación exigible al amparo de la LORPM y de su reglamento.

k) Comunicar de manera inmediata a la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica de la Consellería de Política Social, así como a sus jefaturas territoriales cualquier incidencia relevante en la ejecución de la medida o su incumplimiento, así como todas aquellas circunstancias referidas a la organización y funcionamiento del CIEMA Coruña que pudieran suponer irregularidades en el desarrollo de la actividad conveniada.

l) Entregar a la persona menor, una vez finalizada la medida judicial, toda la documentación personal que le pertenezca. Asimismo, deberá ser devuelto a la Jefatura Territorial de A Coruña cualquier soporte o documento en el que conste algún dato de carácter personal, objeto de tratamiento, salvo aquellos que, según instrucciones de los responsables del tratamiento, deban ser destruidos, adoptando las medidas de seguridad necesarias para evitar el acceso por parte de terceros. Podrá el encargo del tratamiento conservar los datos, debidamente bloqueados, en tanto puedan derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento.

2.3. En relación con el personal de la entidad adscrito la ejecución de las medidas.

a) Contar con una plantilla de profesionales para la intervención educativa con alta cualificación técnica y humana en número suficiente para cubrir las ratios establecidas en el Decreto 329/2005, de 28 de julio, con la composición y número determinados en la memoria aportada por la entidad que se anexa al presente convenio.

Las características del personal, modalidades de contratación, titulaciones, experiencia laboral, horario, etc. deben respetar el contenido de dicha memoria.

Este personal dependerá exclusivamente de la entidad conveniada, la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleadora respecto de aquel, correspondiéndole a la entidad su dirección técnico-educativa y organización. La Consellería será de todo ajena a las relaciones entre el personal y la entidad colaboradora. Por consiguiente, en ningún caso el referido personal podrá alegar derecho alguno en relación con la Administración ni exigirle a esta responsabilidad de cualquier clase a consecuencia de las obligaciones existentes entre la entidad conveniada y su personal.

En ningún caso la firma del convenio supondrá la existencia de una relación funcionarial o laboral entre la Administración y el personal que la entidad aporte para llevar a cabo una intervención educativa integral con menores que tienen que cumplir medidas de medio abierto.

La extinción del convenio no podrá producir en ningún caso la consolidación de las personas que realizasen los trabajos objeto del convenio como personal de la Xunta de Galicia.

b) La cobertura, en todo momento, de los puestos de trabajo y de las correspondientes funciones. En consecuencia, la entidad efectuará a su cargo e inmediatamente las sustituciones necesarias del personal que haya asignado a la actividad de forma que la ejecución de las medidas judiciales quede siempre asegurada. Las variaciones que se produzcan en la plantilla serán inmediatamente comunicadas a la Consellería para su autorización, acompañando la documentación acreditativa de la titulación y del currículo profesional. El cambio debe ser excepcional y expresamente motivado y respetar el mínimo exigido en este convenio.

c) Garantizar la retribución adecuada de su personal, asumiendo de forma directa y no trasladable a la Administración el coste de cualquiera mejora en las condiciones de trabajo y/o en sus retribuciones, ya sea a consecuencia de convenios colectivos, pactos o acuerdos de cualquier índole, de manera que en ningún caso podrá repercutir las referidas modificaciones sobre lo importe que se facturará.

d) Garantizar la calidad técnica (titulación, formación y aptitud profesional) del personal que lleva a cabo la intervención, siendo a su cargo la formación y promoción precisa para asegurar la calidad de la misma.

e) El cumplimiento respecto del personal de la entidad de la normativa laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo que se encuentre vigente en cada momento.

f) En el supuesto de que sea obligatoria la subrogación del personal por estar así establecido en los convenios colectivos vigentes, se estará a lo dispuesto en los mismos.

g) El cumplimiento de lo dispuesto en las normas vigentes en caso de accidente o perjuicio de cualquier índole ocurrido al personal con ocasión del ejercicio de su cometido, bajo su responsabilidad, sin que esta alcance de modo ninguno a la Administración.

h) Aplicar criterios de movilidad del personal para reforzar las distintas áreas o zonas según las necesidades de intervención educativa en cada momento.

i) Informar y formar al personal en las obligaciones que dimanan de la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.

j) Mantener el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad y los parámetros de igualdad durante el período de duración del convenio, en caso de que resultase seleccionada para conveniar por la aplicación de estos criterios, de acuerdo con lo establecido en el punto 12 del anexo I.

k) Desarrollar con carácter anual el plan de formación presentado por la entidad. Las acciones anuales a desarrollar en este plan deben enviarse a la Consellería con 3 meses de antelación a su puesta en marcha, a los efectos de su visto bueno por la Consellería.

2.4. En relación con la intervención educativa.

a) Planificar la intervención educativa en la provincia en base al establecimiento de áreas o zonas de intervención que permitan el desarrollo de las actuaciones en el propio entorno familiar y social de la persona menor.

b) Incorporar en su metodología de trabajo la perspectiva de género.

c) Llevar a cabo la intervención educativa de acuerdo con el proyecto de intervención educativa integral para la ejecución de las medidas judiciales en medio abierto presentado por la entidad.

d) Preparar y gestionar los medios y recursos necesarios para el óptimo desarrollo de las actividades y programas.

Para los supuestos de desarrollo de tareas y actividades de reparación extrajudicial, la intervención educativa atenderá a las indicaciones que sobre este particular indique el equipo técnico del juzgado de menores correspondiente.

2.5. En relación con el CIEMA Coruña.

a) Contar con un recurso no residencial situado en la ciudad de ..., denominado Centro de Intervención Educativa en Medio Abierto de Coruña (CIEMA Coruña) con capacidad mínima para ejecutar simultáneamente 12 medidas judiciales de asistencia a centro de día, que constituye punto de atención y referencia para el cumplimiento de las restantes medidas judiciales en medio abierto con las características y recursos indicados en la memoria presentada por la entidad (en caso de que la entidad cuente con otro equipamiento, se indicará el mismo).

Este/os centro/s deberá/n cumplir los requerimientos establecidos en el Decreto 329/2005, de 28 de julio, así como en el Decreto 192/2015, de 29 de octubre, por el que se define la cartera de servicios sociales de familia, infancia y adolescencia.

b) Garantizar la plena disponibilidad del derecho de uso y disfrute del inmueble durante la vigencia del convenio.

c) Contar con las autorizaciones exigibles según la normativa vigente, así como con las medidas de protección y seguridad precisas, las cuales serán, en todo caso, adecuadas a las condiciones estructurales y de las instalaciones. Estas autorizaciones deberán estar expuestas durante el desarrollo de la actividad en un lugar visible al público.

d) Mantener, conservar y cuidar el local, asumiendo la totalidad de los gastos de equipamiento y de mantenimiento del inmueble (agua, luz, gas, limpieza y demás gastos de funcionamiento).

e) Disponer del servicio de mantenimiento y limpieza preciso para el buen funcionamiento.

f) Presentar en el plazo de dos meses desde la firma del convenio el plan de autoprotección del CIEMA Coruña.

La entidad se compromete a actualizar y/o elaborar aquellos planes necesarios, así como aquellas gestiones para su implantación y cumplimiento. Para evaluar los planes de autoprotección y asegurar la eficacia de los planes de actuación en emergencias realizará simulacro de emergencia con la periodicidad mínima que fije el plan y, en todo caso, una vez al año, y evaluará sus resultados.

La entidad debe implantar el Plan de emergencia y evacuación de los centros, conforme a lo dispuesto en el Real decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencia dedicados a las actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

g) Presentar en el plazo de dos meses desde la firma del convenio el reglamento de régimen interno, el cual estará expuesto en el centro en un lugar visible al público, y contará como mínimo con las normas de funcionamiento, derechos y deberes de las personas usuarias y órganos de representación y participación.

h) Contar con un libro de registro de personas usuarias y con un expediente individual de cada menor.

i) Disponer de un libro de reclamaciones y de un buzón de sugerencias de acuerdo con lo indicado en la normativa que resulte de aplicación, así como en las instrucciones que al respecto dicte la dirección general competente, de cuya existencia deberá informarse en un lugar visible al público.

j) Exponer, en un lugar visible al público, el organigrama del personal adscrito a la ejecución de las medidas.

k) Tener un horario de apertura durante toda la semana de 8.00 a 20.00 horas y contar con la presencia, como mínimo, de una persona educadora en el centro. En los fines de semana, contar al menos con una persona del mismo perfil localizable.

2.6. Otras obligaciones.

a) Facilitar el ejercicio de las facultades de comprobación, dirección e inspección de la Administración acerca de la actividad conveniada. En consecuencia, en cuanto tenga relación con el objeto del convenio, la Administración podrá obtener de dicha entidad la documentación e información que estime oportuna, establecer los sistemas de control de calidad que se deberán emplear y llevar a cabo las inspecciones que estime pertinentes, reservándose, a estos efectos, la facultad de efectuar las visitas que estime necesarias para comprobar las condiciones técnicas de ejecución de la intervención, el cumplimiento de los requisitos para desarrollar la actividad, el trato y la asistencia que reciben las personas beneficiarias, así como el buen funcionamiento y el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Podrá solicitar la comparecencia del personal directivo de la entidad y/o de las personas menores usuarias del servicio. Asimismo, la Administración está facultada para dictar las instrucciones oportunas para el estricto cumplimiento del convenio.

La entidad acatará exacta e inmediatamente las órdenes e instrucciones que le dicte la Administración para la ejecución de la actividad.

b) Asumir todos los gastos que se produzcan por desplazamiento del personal, tanto para la intervención con las personas menores como para la búsqueda de recursos que hagan posible la ejecución del contenido de las medidas.

c) Garantizar la ejecución de las medidas, estableciendo, de acuerdo con la legislación vigente en materia laboral, los turnos y sustituciones precisas en caso de ausencia del personal titular.

d) Justificar las pólizas de seguros y el pago de la prima cada vez que corresponda renovar dicha póliza.

e) Indemnizar los daños que se causen a terceras personas a consecuencia de las operaciones que requiera la actividad, excepto cuando el daño fuese producido por causas imputables a la Administración.

f) Cumplir la normativa vigente y cuantas disposiciones sobre protección y reeducación de menores dicte la Xunta de Galicia y sus órganos competentes en el ejercicio de sus atribuciones.

g) Desarrollar y ejecutar todas aquellas instrucciones, circulares, protocolos, etc., emitidas en relación con la actividad objeto de convenio, por el órgano directivo con competencias en materia de menores para una mejor organización y seguimiento de la actividad desarrollada.

h) Remitir mensualmente a la Jefatura Territorial de A Coruña la hoja de ocupación debidamente cumplimentada según el modelo establecido en la circular que regule el procedimiento de actuaciones para la ejecución de medidas judiciales en medio abierto impuestas por los juzgados de menores y los programas educativos que las desarrollan.

i) Elaborar una memoria anual y los informes de seguimiento de la actividad desarrollada que se indiquen por parte del personal técnico de la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica.

La memoria anual será elaborada de acuerdo con las instrucciones que al respecto dicte la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica en la Circular de medio abierto y presentada a ese órgano durante el primer trimestre del año siguiente al que corresponde, y contendrá la descripción y análisis cuantitativo y cualitativo de todas las actuaciones desarrolladas durante ese año.

j) Contar con la autorización de la consellería para dar publicidad en cualquier soporte de las intervenciones realizadas al amparo del convenio (publicaciones, estadísticas, memorias, etc.).

k) Contar con la autorización de la consellería para la organización de eventos (seminarios, congresos, jornadas, etc.), así como la presentación de conferencia, comunicaciones y otros en los que se traten temas directamente relacionados con la actividad objeto del convenio.

l) Colaborar con la Administración en la investigación, estudio y desarrollo de programas relacionados con la delincuencia juvenil en Galicia.

m) Incorporar en todo el material y documentación generada por el programa el logotipo de la identificación corporativa de la Xunta de Galicia.

Quinta. Compromisos económicos y forma de pago y justificación

La entidad ... percibirá de la Consellería de Política Social con cargo a los presupuestos aprobados para estos fines una compensación por los gastos en que incurra en el desarrollo del convenio de ... euros, que en ningún caso supone un beneficio económico para la entidad conveniada.

Dicha compensación será satisfecha por meses vencidos, una vez justificados los gastos mediante la factura correspondiente.

Para el abono de la compensación, la entidad colaboradora presentará a la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, dentro de los cinco días siguientes al mes en que llevó a cabo la actividad conveniada, los siguientes documentos:

a) La factura correspondiente conforme a lo establecido en el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Las facturas se presentarán a través del punto general de entrada del Sistema electrónico de facturación de la Comunidad Autónoma de Galicia. El acceso a dicho Punto general de entrada es a través de la siguiente URL: http://conselleriadefacenda.es/factura.

b) Certificado de la entidad donde conste el personal que lleva a cabo la actividad ordenado por grupo profesional y puesto de trabajo, especificando el nombre y apellidos, número de afiliación a la Seguridad Social, tipo de contrato y dedicación horaria. En dicha relación deben constar las fechas de alta y baja del personal producidas en dicho mes.

c) Copia de los TC1 y TC2 de la Seguridad Social.

d) Hoja de atención mensual, firmada por la persona responsable del CIEMA Coruña, donde constarán todas las personas menores que estuvieron ejecutando una medida en el período facturado, especificando: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, expediente judicial, fecha de ingreso, fecha de fin de medida y movimiento (permanencia, alta o baja).

Sexta. Información básica en materia de protección de datos de carácter personal

Las partes firmantes vendrán obligadas en materia de protección de datos a cumplir con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), la Ley orgánica 5/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y demás disposiciones vigentes sobre la materia, adoptando las medidas que resulten necesarias para cumplir sus previsiones y, en particular, para garantizar la seguridad e integridad de los datos y su protección frente a alteraciones, tratamientos o accesos no autorizados.

La Consellería de Política Social, como responsable del tratamiento, y la entidad ..., como encargada del tratamiento, se comprometen a guardar la más absoluta confidencialidad respecto a cualquiera de las informaciones, datos y documentación de carácter personal a que tengan acceso en virtud del presente convenio.

Los datos personales recabados en este procedimiento serán tratados en su condición de responsable por la Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, con las finalidades de llevar a cabo la tramitación administrativa que se derive de la gestión de este procedimiento sin que pueda utilizarse para usos diferentes a los previstos en el mismo.

El tratamiento de datos se basa en el cumplimiento de una misión de interés público, conforme a la normativa recogida en la ficha de procedimiento incluida en la Guía de procedimientos y servicios y en las referencias recogidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados tratamientos podrán fundarse en el consentimiento de las personas interesadas.

Los datos serán comunicados a las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la ejecución de dicho convenio o para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia.

La entidad ..., que llevará cabo la ejecución de las medidas no privativas de libertad en la provincia de A Coruña, como encargada del tratamiento, tratará los datos con las finalidades y los usos exclusivamente precisos para la ejecución de este convenio, por lo que no podrán ser usados para un fin distinto.

Las partes se comprometen, asimismo, a no efectuar ni usos ni cesiones no autorizados de datos personales recogidos en aplicación del presente convenio. La entidad ...
se compromete a no facilitar ni divulgar datos suministrados sin el previo consentimiento del/de la titular/es de los datos.

Los empleados de la entidad seleccionada deberán firmar con la entidad ... un pacto de confidencialidad. Esta entidad, en su condición de encargada del tratamiento, garantizará la implantación de las medidas de seguridad correspondientes al tipo de datos tratados, de acuerdo con lo establecido en el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley orgánica 15/1999.

En caso de que dicha entidad, en su condición de encargada del tratamiento, destine los datos a otra finalidad distinta de la derivada de la naturaleza del convenio, los comunique o utilice, será considerado también responsable del tratamiento, y responderá de las infracciones en que incurra personalmente. No obstante, no incurrirá en responsabilidad cuando, después de indicación expresa del responsable del tratamiento, comunique los datos a un tercero designado por aquel, que tendrá la consideración de encargado del tratamiento.

Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos o retirar su consentimiento, a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o presencialmente en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, según se explicita en la información adicional recogida en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.

Séptima. Comisión mixta de seguimiento

De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la administración general y del sector público autonómico de Galicia, se constituirá una comisión mixta para el seguimiento del presente convenio a la que serán sometidas todas las cuestiones derivadas de su desarrollo y que no fuesen recogidas en él además de, con carácter previo, aquellas que impliquen disconformidad por alguna de las partes firmantes.

Esta comisión está compuesta por:

El representante legal de la entidad o persona que la supla.

La persona titular de la dirección general con competencias en materia de familia, infancia y dinamización demográfica o persona que la supla.

Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un/una funcionario/a de la dirección general con competencias en materia de familia, infancia y dinamización demográfica.

La propia comisión acordará su calendario de reuniones.

Octava. Vigencia y posibles prórrogas

El convenio que se suscriba al amparo del presente procedimiento producirá efectos desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de mayo de 2022 y podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las partes por períodos sucesivos, no superior cada uno de ellos a un año, hasta un máximo de 2 años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, todo ello condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios correspondientes.

En caso de que no se prorrogue el convenio por causas imputables a la entidad conveniada, esta debe continuar con la actividad que venía desarrollando en tanto la Administración no formalice un nuevo convenio con otra entidad.

Novena. Modificación del convenio

Cuando surjan circunstancias concretas, debidamente justificadas, que alteren las condiciones establecidas en el convenio de colaboración, podrá formalizarse una modificación al convenio de colaboración que requerirá acuerdo unánime de las partes firmantes, previos los trámites legales exigidos.

Décima. Causas de extinción

Serán causas de resolución del presente convenio las siguientes:

1. Expiración del plazo de vigencia.

2. Mutuo acuerdo de las partes otorgantes.

3. El incumplimiento de los compromisos y cláusulas del convenio.

4. Imposibilidad sobrevenida del objeto del convenio.

Decimoprimera. Naturaleza jurídica y cuestiones litigiosas

El presente convenio tendrá carácter administrativo y se regirá por lo establecido en sus cláusulas y, en su defecto, por lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para resolver las lagunas y dudas que se pudiesen presentar.

La Administración disfrutará de todas las prerrogativas inherentes a la naturaleza administrativa del convenio a la hora de interpretar, modificar o resolver las lagunas o dudas que pudiesen presentarse.

Corresponde a la Consellería de Política Social la resolución de cuantas cuestiones litigiosas surjan sobre la interpretación, modificación o efectos del convenio, poniendo sus acuerdos fin a la vía administrativa, y cabe contra ellos recurso contencioso-administrativo según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

A tales efectos, el tribunal competente será el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sin embargo, contra los actos de la Administración podrá interponerse recurso potestativo de reposición al amparo de lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Decimosegunda. Publicidad del convenio

Este convenio será objeto de publicidad de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno. Asimismo, se incluirá en el Registro Público de Convenios, de conformidad con el Decreto 126/2006, de 20 de julio, por el que se regula el Registro de Convenios de la Xunta de Galicia.

Las partes firmantes del convenio manifiestan su consentimiento para que los datos personales que constan en este convenio, así como el resto de las especificaciones contenidas en el mismo, puedan ser publicados en el Portal de transparencia y gobierno abierto.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente convenio de colaboración, por duplicado, en el lugar y fecha expresados.

La conselleira de Política Social ...

El responsable de la entidad ...