Yo, María Teresa Vázquez Abades, letrada de la Administración de justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Santiago de Compostela, hago saber que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 1/2019 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de María Dolores García Jamardo contra Grupo Omote, S.L., Raúl Rey Santos y Fogasa, se han dictado las siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Auto
Magistrada jueza: Ana María Souto González
Santiago de Compostela, 21 de enero de 2019
Parte dispositiva
Dispongo: despachar orden general de ejecución de la Sentencia nº 382/2017 de 4 de septiembre de 2017, dictada en el procedimiento DOI 809/2016, aclarada por auto de fecha 10 de noviembre de 2017, y revocada en suplicación por Sentencia de 11 de octubre de 2018 dictada por la Sala de lo Social del TSJ de A Coruña a favor de la parte ejecutante, María Dolores García Jamardo, frente a Grupo Omote, S.L., Raúl Rey Santos, Fogasa, parte ejecutada, en forma solidaria, por importe de 4.778,37 euros en concepto de principal (indemnización), más otros 477,83 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.
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La magistrada |
La letrada de la Administración de justicia». |
«Decreto
Letrada de la Administración de justicia: María Teresa Vázquez Abades.
Santiago de Compostela, 21 de enero de 2019
Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
– Requerir solidariamente a las ejecutadas Grupo Omote, S.L., Raúl Rey Santos a fin de que en el plazo de diez días abonen la cantidad de 4.778,37 euros en concepto de principal (indemnización), más otros 477,83 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación, ingresando dicho importe en la Cuenta de este Juzgado, abierta en Banco Santander con el número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (nº expediente judicial 1589 0000 64 0001 19), con apercibimiento de que, en caso de no cumplimentar el requerimiento en el plazo conferido, se procederá al embargo de sus bienes para cubrir dicha suma, previa averiguación de los mismos a través de la aplicación informática de este juzgado.
– Requerir a Grupo Omote, S.L., Raúl Rey Santos, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
– Requerir a la parte ejecutante María Dolores García Jamardo, para que aporte número de cuenta bancaria de su titularidad, a fin de transferir las cantidades que, en su caso, pudieran obtenerse en la presente ejecución.
Modo de impugnación. Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente (artículo 188 de la LJS).
La letrada de la Administración de justicia».
Y para que sirva de notificación en legal forma a Grupo Omote, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 21 de enero de 2019
La letrada de la Administración de justicia
