Yo, María Teresa Vázquez Abades, letrada de la Administración de justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Santiago de Compostela, hago saber que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 22/2018 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de María Iglesias Juncal contra Beatriz Cela Regueiro, Fogasa e Inés Cela Regueiro, se ha dictado la siguiente resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Decreto.

Letrada de la Administración de justicia: María Teresa Vázquez Abades.

Santiago de Compostela, 10 de julio de 2018.

Parte dispositiva.

Acuerdo:

a) Declarar a las ejecutadas Beatriz Cela Regueiro e Inés Cela Regueiro en situación de insolvencia total por importe de 4.767,31 euros en concepto de principal (3.787,70 euros más 979,61 euros de intereses del artículo 29.3 del ET), más otros 476,73 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, sin perjuicio de reabrir la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

c) Una vez firme la presente resolución, proceder a su inscripción en el registro correspondiente.

d) Expedir los testimonios de las resoluciones procedentes que se entregarán a la parte ejecutante en la oficina judicial de este juzgado.

Modo de impugnación. Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente (artículo 188 de la LJS).

La letrada de la Administración de justicia».

Y para que sirva de notificación en legal forma a Beatriz Cela Requeiro e Inés Cela Regueiro, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de julio de 2018

La letrada de la Administración de justicia