El director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística dictó, el 13 de febrero de 2018, resolución por la que se impone una segunda multa coercitiva, como consecuencia de incumplir lo ordenado en la Resolución de 7 de marzo de 2016 y la de 30 de marzo de 2017, en las que se declaran ilegalizables las obras consistentes en la construcción de una edificación con tipología residencial en la calle de O Rego, número 9, en Santa Cruz da Rabeda, en el témino municipal de San Cibrao das Viñas, provincia de Ourense, por ser incompatibles con el ordenamiento jurídico vigente, y se ordena su demolición.

Al no poderse realizar la notificación personal de aquella resolución a José Antonio Raúl dos Ríos, mediante la presente cédula, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas se notifica al interesado dicha resolución por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Teniendo en cuenta que, en atención a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el acto no se publica en su integridad, se comunica al interesado que el texto íntegro de la resolución que se notifica se encuentra a su disposición en las dependencias de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, situadas en el Edificio Witland, Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para su consulta en el plazo de diez (10) días hábiles, que se contarán desde el día siguiente al de la publicación de esta cédula. Transcurrido dicho plazo, la notificación se entenderá producida.

Contra esta resolución el interesado puede interponer recurso de reposición, ante el director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél en que se produzca la notificación, o bien, si no ejercen su derecho a presentar recurso potestativo de reposición, puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en cuya circunscripción radique el inmueble afectado, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1, regla tercera, de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Para que conste y sirva de notificación al citado interesado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las asdministraciones públicas, expido y firmo esta cédula.

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2018

José Antonio Cerdeira Pérez
Director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística