Yo, Encarnación Mercedes Tubío Lariño, secretaria del Juzgado de lo Social número 4 de A Coruña, doy fe y certifico que, en este juzgado se siguen autos 417/2014 a instancia de Esther Casal Louzao contra la empresa Limpiezas Lanzat, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, en los que recayó la Sentencia de fecha 5 de septiembre de 2017 que, copiada en los particulares necesarios, dice así:

Se estima la demanda formulada por Esther Casal Louzao frente a la empresa Limpiezas Lanzat, S.L. con intervención del Fondo de Garantía Salarial, y en consecuencia:

Fallo:

– Se condena a la empresa Limpiezas Lanzat, S.L. a abonar a Esther Casal Louzao la cantidad de setecientos siete euros con sesenta y ocho céntimos de euro (707,68 euros).

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso de suplicación por razón de la cuantía, sin perjuicio de los demás motivos previstos en el artículo 191 de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS).

La competencia para conocer el recurso de suplicación corresponderá, en su caso, al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, debiendo anunciarse el mismo en este juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de esta resolución, bastando la manifestación de la parte o de su abogado, graduado social, o representante, dentro del indicado plazo.

Si la recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de condena, así como el depósito de 300 euros, en la cuenta de depósitos y consignaciones que tiene abierta este juzgado, haciendo constar en el ingreso el número de procedimiento.

Así lo acuerda, manda y firma Nicolás E. Pita Lloveres, magistrado del Juzgado de lo Social número 4 de A Coruña.

Para que conste, a efectos de su publicación en el Diario Oficial de Galicia a fin de que sirva de notificación en forma a la empresa Limpiezas Lanzat, S.L., expido y firmo la presente.

A Coruña, 11 de septiembre de 2017

La secretaria judicial