Antecedentes.

1. El 7 de octubre de 2016 se publicó en el DOG número 192 la Resolución de 16 de septiembre de 2016 por la que se anunciaba la licitación, por procedimiento abierto, no sujeto a regulación armonizada y documentalmente simplificado, del contrato del servicio consistente en la vigilancia y seguridad de las dependencias del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo en Pontevedra, expediente: IGVS04-16.

2. El 24 de octubre de 2016 finalizó o plazo de presentación de ofertas al procedimiento, constatándose, de conformidad con la certificación del jefe del registro de los servicios centrales del IGVS, no haberse presentado ninguna oferta.

3. La competencia para dictar la presente resolución corresponde al director general del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo por delegación de las competencias que como órgano de contratación ostenta la presidenta del IGVS, mediante la Resolución de 23 de junio de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del TRLCSP y de acuerdo con la Ley 3/1988, de 27 de abril, de creación del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y el Decreto 288/1988, de 29 de septiembre, que lo desarrolla.

De conformidad a lo anterior,

RESUELVO:

Primero. Declarar desierto el procedimiento administrativo de contratación del servicio consistente en la seguridad y vigilancia de las dependencias del IGVS en Pontevedra, expediente: IGVS04-16, por el procedimiento abierto, no sujeto a regulación armonizada, tramitación ordinaria y documentalmente simplificado.

Segundo. Proceder a la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Galicia, así como en el perfil del contratante de este órgano de contratación y en la plataforma de contratación.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo competente en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación.

Santiago de Compostela, 25 de octubre de 2016

Heriberto García Porto
Director general del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo