Yo, Susana Varela Amboage, letrada de la Administración de justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Santiago de Compostela, hago saber que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 8/2013 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de Enrique Castro Cardoso, Manuel Pérez Fernández, Ernesto Vázquez Gramunt, contra la empresa Semar Aluminios, S.L., Marcial García, S.L., Marcial García Guillín, María Abel Tarrío Fernández, Mª del Carmen Guillín Rey, Sistemas Especiales Metálicos para la Arquitectura, S.L., Urbana Industrial de Inversiones Gallegas, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado auto en fecha 28 de septiembre de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva:

Acuerdo la suspensión de la presente ejecución hasta la presentación, en su caso, de la demanda de declaración en situación de concurso de acreedores por la ejecutada Marcial García, S.L. en el plazo establecido en el artículo 5 bis, punto 5, de la Ley concursal, circunstancia que dicha parte ejecutada deberá poner en conocimiento de este órgano judicial.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que, en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la Ley de jurisdicción social, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados y, en su caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal.

Modo de impugnación. Mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social número 3, abierta en el Banco Español de Crédito, cuenta número 00301846420005001274, debiendo indicar en el campo concepto “Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código “30 Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

El/la magistrado/a juez/a. La letrada de la Administración de justicia».

Y para que sirva de notificación a María Abel Tarrío Fernández y a Urbana Industrial de Inversiones Gallegas, S.L., expido el presente edicto.

Santiago de Compostela, 28 de septiembre de 2016

La letrada de la Administración de justicia