El director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística dictó, el 11 de diciembre de 2015, resolución por la que se impone una multa coercitiva, derivada del expediente de reposición de la legalidad urbanística COR/48/2013 como consecuencia de incumplir lo ordenado en la Resolución de 15 de julio de 2014, en la que se le ordena la demolición de una caseta prefabricada con tipología de vivenda, dos casetas auxiliares y una solera de hormigón, realizadas sin autorización autonómica, en el lugar de Coto dos Borreiros, Castrillón, San Xurxo, en el término municipal de Ferrol, por resultar incompatibles con el ordenamiento urbanístico vigente.

Al no poderse realizar la notificación personal de aquella resolución a Benjamín Caride Beceiro y Raquel Dopico Bellón, mediante la presente cédula, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), se notifica a los interesados dicha resolución por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Teniendo en cuenta que, en atención a lo previsto en el artículo 61 de la LRJPAC, el acto no se publica en su integridad, se comunica a los interesados que el texto íntegro de la resolución que se notifica se encuentra a su disposición en las dependencias de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, situadas en el Edificio Witland, Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para su consulta en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta cédula en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido dicho plazo la notificación se entenderá producida.

Contra esta resolución, los interesados pueden interponer recurso de reposición ante el director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que se produzca la notificación, o bien, si no ejercitan su derecho a presentar recurso potestativo de reposición, puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en cuya circunscripción radique el inmueble afectado, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1, regla tercera, de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

Para que conste, y le sirva de notificación a los citados interesados, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la LRJPAC, expido y firmo esta cédula.

Santiago de Compostela, 5 de febrero de 2016

José Antonio Cerdeira Pérez
Director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística