A los efectos de darle cumplimiento a lo solicitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra, en relación con el procedimiento ordinario número 739/2014, interpuesto por Juan Enrique Verde Casanova, María Rosario Izquierdo Martínez y María Cassia Westphalen Furian, contra la resolución dictada por la directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, el 12 de junio de 2014, que deja sin efecto las consideraciones efectuadas en el apercibimiento de 19 de julio de 2013, previo a la ejecución forzosa de la orden para la restitución de la legalidad y requiere a los titulares de las fincas registrales resultantes de la parcelación el cumplimiento de la Resolución de la Dirección de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, de 2 de marzo de 2010 en el plazo de tres meses, apercibiéndoles de que, en el caso de incumplir lo requerido, se procederá a la ejecución subsidiaria o a su ejecución forzosa, mediante la imposición de multas coercitivas, reiterables periódicamente hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado, en cuantía de 1.000 a 10.000 euros cada una, conforme a lo dispuesto por el artículo 209.6 de la LOUG, esta dirección resolvió ordenar la remisión del correspondiente expediente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra.
Al no poder realizarse la notificación personal de los emplazamientos, mediante la presente cédula (que al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), se le notifica por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado) se emplaza a Abal Arquitectura Unipersonal, Jesús Silva Fernández y Sara Isabel de Lastra Becker, Roberto Varela Fariña, Fernando Varela Fariña e Isabel Thomar Barreiro, Serafín Novas Castro, Perfect-Patry, Franciso Girón Vele y Elisa Otero López, Proyectos Augusta, S.L., Alice Inversiones y Comercio, S.L. y Mª Teresa Doce Fernández para que puedan personarse como interesados en los autos en el plazo de nueve días, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2015
José Antonio Cerdeira Pérez
Director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística