El 31 de octubre de 2012 el director general de Justicia dictó acuerdo en el procedimiento disciplinario incoado a Miguel Sánchez de la Blanca González-Roma, funcionario del cuerpo de auxilio judicial, con destino en la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Por estar en paradero desconocido, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, procede su notificación por medio de anuncio en el Diario Oficial de Galicia. Dicha resolución literalmente dice:

«(...) ACUERDO:

1. Incoar expediente disciplinario al funcionario al servicio de la Administración de justicia Miguel Sánchez de la Blanca González-Roma, por la posible comisión de la falta muy grave tipificada en el artículo 7, apartado c) del Reglamento general del régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de justicia (el abandono del servicio). Remitirle copia de la documentación obrante en el expediente a la instructora designada por la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, María Blanco Aquino, secretaria judicial destinada en el Juzgado Social número 1 de A Coruña.

2. Designar como secretaria en el presente expediente disciplinario a María Dolores Rey Lemus, funcionaria del cuerpo de tramitación procesal y administrativa destinada en el Juzgado de lo Social número 1 de A Coruña, y notificarle su designación.

3. Notificar a Miguel Sánchez de la Blanca González-Roma el acuerdo de incoación de expediente disciplinario, informándolo del derecho de recusación previsto en el artículo 27 del Reglamento general del régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, que podrá ejercitar en cualquier momento del procedimiento mediante escrito motivado dirigido a la Dirección General de Justicia, así como de que puede actuar asistido de un letrado o de los representantes sindicales que determine.

La notificación de este acuerdo servirá de consulta al funcionario acerca de si se opone o no a la comunicación de la incoación del expediente disciplinario a los órganos de representación de los funcionarios prevista en el artículo 5 del RRD, entendiéndose que no existe oposición en el supuesto de que en el plazo de los tres días siguientes a la notificación no remita a este centro directivo comunicación expresa en sentido contrario a través del fax número 981 54 62 22.

Contra este acuerdo no cabe interponer ningún recurso, aunque los interesados, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, podrán realizar alegaciones para oponerse al mismo, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución que ponga fin a este procedimiento».

Santiago de Compostela, 13 de noviembre de 2012

Juan José Martín Álvarez
Director general de Justicia