La directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística dictó, el 23 de enero de 2012, resolución por la que se impone una sanción a Alicia Miragaya Rodríguez, como propietaria del terreno, y a Alfonso José Bernardo Miragaya Cendán, como promotor de las obras, como responsables de la comisión de una infracción urbanística muy grave, por la realización de obras consistentes en la instalación de una vivienda prefabricada y una caseta metálica unida a ésta, en el lugar de Portocelo, Distriz, en el término municipal de Vilalba.

Al no poder realizarse la notificación personal de la resolución, mediante la presente cédula, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), se notifica a los interesados dicha resolución.

Teniendo en cuenta que, en atención a lo previsto en el artículo 61 de la LRJPAC, el acto no se publica en su integridad, se comunica a los interesados que el texto íntegro del acuerdo que se notifica se encuentra a su disposición en las dependencias de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística situada en el edificio Witland, 1.er piso, Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para su consulta en el plazo de diez (10) días hábiles, que se contarán desde el día siguiente a la publicación de esta cédula. Transcurrido dicho plazo, la notificación se entenderá producida.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados pueden interponer recurso de reposición, ante la directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que se haya producido la notificación de esta cédula, o bien, si no ejercen su derecho a presentar recurso potestativo de reposición, pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, o ante el de la circunscripción donde el recurrente tenga su domicilio, a su elección, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1, regla segunda, de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Para que conste y sirva de notificación a los citados interesados, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la LRJPAC, expido y firmo esta cédula.

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2012.

María Martínez Allegue
Directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística