«El acuerdo de concentración parcelaria de la zona de Balmonte-Goberno (Castro de Rei-Lugo) fue aprobado por la Dirección General de Desarrollo Rural con fecha de 27 de febrero de 2002, siendo publicado en la forma legalmente prevista en la legislación vigente, encontrándose en la actualidad pendiente de firmeza.

Con posterioridad a estos actos se solicita por el Ayuntamiento de Castro de Rei la cesión en propiedad de las fincas que se indican:

– Finca n.º 229 para emplazamiento de un pozo de carga de agua para uso agrícola y la mina de la que procede dicha agua.

– Finca n.º 383 para aparcamiento junto a la escuela pública.

– Finca n.º 445 para aparcamiento junto a la iglesia.

– Finca n.º 458 para instalación de un depósito de agua y gravera para reparación de caminos.

Visto el informe favorable de la junta local de la zona, la Ley de reforma y desarrollo agrario, de 12 de enero de 1973, la Ley 10/1985, de 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia, modificada por la Ley 12/2001, de 10 de septiembre, la Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común en su redacción según la Ley 4/1999, de 13 de enero, e demás disposiciones legales vigentes de aplicación al caso.

A la vista de que el destino para el que se solicitan las fincas n.º 229, 383, 445 y 458 son perfectamente subsumibles en el supuesto recogido en el artículo 32 de la antedicha ley gallega, esta dirección general

resuelve:

1. Modificar el acuerdo de la concentración parcelaria de la zona de Balmonte-Goberno (Castro de Rei-Lugo) y adjudicar al Ayuntamiento de Castro de Rei las fincas n.º 229, 383, 445 y 458, que causan baja en el fondo de tierras de la zona, a fin de ser destinadas a los fines indicados en la parte expositiva de la presente resolución.

2. En caso de incumplimiento de los fines para los que son cedidas, la titularidad de las referidas fincas revertirá al fondo de tierras de la zona, al patrimonio de la Comunidad Autónoma, a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader) o a la entidad que corresponda, según el caso.

Contra esta resolución se puede interponer recurso de alzada ante la conselleira del Medio Rural y del Mar en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente en que sea publicada esta resolución en el Diario Oficial de Galicia».

Lugo, 14 de febrero de 2012.

José Ramón Losada Fernández
Jefe territorial de Lugo