El jefe del Servicio de Inspección Urbanística II acordó el día 17 de enero de 2012 incoar expediente sancionador a Manuel Castiñeiras Castromán y a M.ª Dolores Ayaso Paz, en calidad de promotores de las obras y propietarios de los terrenos, por las obras consistentes en vertido de escombros, almacenaje de piedra, cierre de finca y construcción de una cimentación de hormigón armado en el lugar de Os Castelos, parroquia de Aguiño, en el término municipal de Ribeira, provincia de A Coruña.

Al no poder realizarse la notificación personal de aquel acuerdo, ya que fue devuelto por el servicio de Correos por resultar desconocido el domicilio del destinatario, mediante esta cédula, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), se le notifica a los interesados dicho acuerdo.

Teniendo en cuenta que, en atención a lo previsto en el artículo 61 de la LRJPAC, el acto no se publica en su integridad, se hace saber a los interesados que el texto íntegro del acuerdo que se notifica se encuentra a su disposición en las dependencias de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística sitas en el edificio Witland, Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para su consulta en el plazo de 10 días hábiles, que se contarán desde el día siguiente al de la publicación de esta cédula. Transcurrido dicho plazo, la notificación se entenderá producida.

Los interesados dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para alegar y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes y, en el caso de que no tuviesen por ciertos los hechos descritos en esta resolución, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse.

Para que conste y le sirva de notificación a los citados interesados, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, expido y firmo esta cédula.

Santiago de Compostela, 9 de febrero de 2012.

María Martínez Allegue
Directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística