En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 80/2000, de 23 de marzo, por el que se regulan los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal, se hace público el acuerdo,

de 16 de octubre de este año, adoptado por el Consello de la Xunta de Galicia aprobando definitivamente el proyecto sectorial del parque empresarial de Mondoñedo, que literalmente dice:

«1. Aprobar definitivamente el proyecto sectorial del parque empresarial de Mondoñedo, para los efectos establecidos por la Ley 10/1995, de ordenación del territorio de Galicia y por el Decreto 80/2000, de 23 de marzo, por el que se regulan los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal.

2. Declarar la utilidad pública e interés social de las obras, instalaciones y servicios previstos, así como

la necesidad de ocupación para efectos de expropiación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del proyecto sectorial del parque empresarial de Mondoñedo.

3. Declarar de marcado carácter territorial las obras previstas en el proyecto sectorial a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11.3º) del Decreto 80/2000, de 23 de marzo, y en la disposición adicional primera de la Ley 10/1995, de ordenación del territorio de Galicia, según la redacción recogida en la disposición final primera de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.

4. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 de dicha Ley 10/1995 y 11.2º del ya citado Decreto 80/2000, se deberá modificar el planeamiento urbanístico municipal para adecuar sus determinaciones al proyecto que se aprueba.

5. El proyecto sectorial de referencia entrará en vigor al día siguiente de la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de Galicia».

Contra el referido acuerdo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su publicación, según disponen los articulos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 3 de noviembre de 2003.

Martín Fernández Prado

Director general de Urbanismo