1. Por Resolución de 15 de octubre de 2003, se aprobó definitivamente el expediente de expropiación

forzosa seguido por el procedimiento de tasación conjunta de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del plan parcial para la ampliación del parque empresarial Lalín 2000, promovido por el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, conforme a lo previsto en los artículos 143 y siguientes de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.

2. De conformidad con el artículo 144 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística de protección del medio rural de Galicia, el acuerdo de aprobación definitiva del expediente de tasación conjunta implicará la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados y el pago o depósito del importe de la valoración establecida producirá los efectos previstos en los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, sin perjuicio de que continúe la tramitación del procedimiento para la definitiva fijación del justiprecio.

3. De conformidad con el artículo 205 del Reglamento de gestión urbanística aprobado por el Real decreto 3288/1978, de 25 de agosto, el pago del justiprecio solamente se hará efectivo, consignándose en caso contrario, a aquellos interesados que aporten certificación registral a su favor, en la que conste que se extendió la nota del artículo 32 del Reglamento hipotecario o, en su defecto, los títulos justificativos de su derecho, completados con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad referida a la misma finca descrita en los títulos. Si existieran cargas, deberán comparecer también los titulares de las mismas.

Conforme al artículo 206 el mentado Reglamento de gestión urbanística, si el expropiado no quisiera aceptar el justiprecio o no aportase títulos suficientes justificativos de dominio o existiese contienda respecto a la titularidad del bien o derecho expropiado o en general, si concurriera alguno de los supuestos del artículo 51 del Reglamento de expropiación forzosa, la Administración consignará el importe del mismo en la Caja General de Depósitos.

4. De conformidad con el artículo 55.1º del Reglamento de la Ley de expropiación forzosa se extenderá acta de ocupación de la cosa o derecho expropiados a continuación de la de pago. Para proceder al levantamiento de estas actas, deberán asistir los titulares personalmente, o bien representados por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre con poder suficiente, del que aportarán copia, provistos de sus documentos originales acreditativos de su titularidad, documento nacional de identidad, o último recibo del impuesto sobre bienes inmuebles, pudiendo asistir acompañado por su cuenta, si lo estima oportuno, de sus peritos o un notario. En los casos en los que sea necesario procederá consignación de los justiprecios, una vez consignados en la Caja General de Depósitos, el levantamiento de las actas de ocupación tendrá lugar o próximo día 22 de diciembre de 2003, a las 10.00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de Lalín.

5. En consecuencia, se convoca y cita a los siguientes titulares de bienes y derechos afectados por el presente expediente para proceder al levantamiento de las actas de pago y ocupación que tendrá lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Lalín, en el siguiente orden:

Actas de pago:

* Día 9 de diciembre de 2003.

-De 10.00 a 14.00 horas: fincas nº 4 hasta la finca nº 23 (ambas incluidas).

-De 17.00 a 19.00 horas: fincas nº 24 hasta la finca nº 32 (ambas incluidas).

* Día 10 de diciembre de 2003.

-De 10.00 a 14.00 horas: fincas nº 33 hasta la finca nº 41 (ambas incluidas).

Actas de ocupación:

* Día 22 de diciembre de 2003: de 10.00 a 14.00 horas.

6. Notifíquese la resolución a todos los titulares de los bienes y derechos que figuran en el expediente y publíquese este acuerdo en el BOP y en el tablero de edictos del ayuntamiento. La publicación de esta resolución servirá de notificación a los propietarios desconocidos, de los que se ignore el lugar de notificación, bien intentada la notificación, no se pudiera realizar. Todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de regimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999.

Santiago de Compostela, 3 de noviembre de 2003.

José Antonio Redondo López

Director general del Instituto Gallego

de Vivienda y Suelo