De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4º, de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre (BOE del 27 de noviembre), se notifica a las personas mencionadas a continuación (que no pudieron ser notificadas en el último domicilio conocido que asimismo se indica) la resolución del recurso ordinario del expediente 15-60/96, por infracción en materia de defensa del consumidor.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripcióin donde tenga usted su domicilio o tenga la sede el órgano autor del acto originario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2º.b) 4 en relación con el 14.1º segunda de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Si no fuese recurrida en el citado plazo, la sanción devendrá firme y ejecutiva, y podrá hacerse efectiva en período voluntario, en cualquier entidad financiera, en la cuenta nº 3110001136 de Caixa Galicia (2091),

Oficina de Relación con Organismos (0388), Santiago de Compostela, en el siguiente plazo:

a) Las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificacióin hasta el día 5 del siguiente mes o el inmediatamente hábil y posterior.

b) Las deudas notificadas entre los días 16 y el último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil y posterior.

Expediente: 15-60/96.

Denunciado: Freitas y Estévez, S.L.

Domicilio: c/ Viñas de Babilonia, nº 19, 15179, Sta. Cruz (Oleiros).

Sanción y motivos: 300,51 euros (trescientos euros con cincuenta y un céntimos) por irregularidades en la extensión de un recibo.

Fecha de la resolución: 4-3-1997.

A Coruña, 2 de septiembre de 2002.

Jesús Espada Martínez

Delegado provincial del Instituto Gallego

de Consumo de A Coruña