Agustín Ignacio Pena López, secretario del Juzgado de lo Social número uno de A Coruña, hago saber que en los autos número 185/2002, seguidos a instancia de Juan Felipe Cano Nourrisson contra Peruf Internacional, S.L., sobre salarios, la magistrada-jueza de este juzgado, Isabel Olmos Parese, ha dictado sentencia, en fecha 15 de julio de 2002, con la siguiente parte dispositiva:

«Que aceptando la demanda interpuesta por Juan Felipe Cano Nourrisson debo declarar y declaro el derecho del actor a percibir la cantidad de 2.068,30 euros por los conceptos que se expresan en el hecho probado segundo de esta resolución y en este sentido debo condenar y condeno a la empresa Peruf Internacional, S.L. a que estando y pasando por tal declaración haga el pago al actor de la cantidad de 2.068,30 euros por el concepto de salarios, liquidación y gastos.

Notifíqueseles esta sentencia a las partes, a las que se hará saber que, contra dicha resolución cabe el recurso de suplicación, que deberá anunciarse ante este juzgado en el plazo de cinco días, a contar desde la notificación de la sentencia, por comparecencia, o por escrito de las partes, de su abogado o representante legal, designando al letrado que deberá de interponerlo, de ser posible el anuncio por mera manifestación de aquella al ser notificada, y que será resuelto, en su caso y cumplidos los trámites legales, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La empresa condenada deberá asimismo acreditar, al anunciar el recurso, haber consignado el importe de la condena en la cuenta de consignaciones de este juzgado, abierta en el BBVA, cuenta 5602-60, pudiendo sustituirse por el aseguramiento mediante aval bancario, constando la responsabilidad solidaria del avalista, más otra cantidad de 150,25 euros, en la cuenta 5602-65, y en calidad de depósito en

un impreso separado al del importe de la condena.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».

Y para que sirva de notificación a Peruf Internacional, S.L. que tuvo su último domicilio conocido en Manuel Murguía, 36, A Coruña, y que en la actualidad se desconoce, y a fin de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, expido y firmo este edicto en A Coruña a 15 de julio de 2002.

El secretario judicial

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