Por medio del presente edicto se hace saber que, por parte del presidente del organismo autónomo Aguas de Galicia, fue dictada resolución en el expediente administrativo que se detalla en extracto anexo a este edicto, referente a la extinción del derecho al uso privativo de las aguas por caducidad de la concesión, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley de aguas, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio. Al ignorarse el domicilio del titular de la concesión, por no constar en el expediente, no se pudo practicar la notificación individual de esta resolución.
En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se notifica al interesado la resolución referida en el anexo, contra la cual podrá interponer recurso de alzada ante el conselleiro de Medio Ambiente, en el plazo de un (1) mes contado desde la publicación de este edicto en el Diario Oficial de Galicia, de acuerdo con el contenido de los artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/1992, en su redacción dada por la Ley 4/1999, que la modifica.
Asimismo, se le comunica que su texto íntegro, junto con el resto de las actuaciones del expediente, se encuentra a su disposición en las oficinas del Departamento de Gestión del Dominio Público Hidráulico de Aguas de Galicia (plaza Camilo Díaz Valiño, 7-9, 15781 Santiago de Compostela).
Santiago de Compostela, 24 de enero de 2002.
Francisco J. Pan Montojo-González
Presidente de Aguas de Galicia
ANEXO
Expediente número: 12/109/4.
Persona interesada: Eléctrica de Villozas, S.A.
Acto administrativo: resolución por la que se declara la caducidad de la concesión otorgada por resolución de la dirección de los servicios hidráulicos del norte de España, de 16 de junio de 1955, a Eléctrica de Villozas, S.A., para el aprovechamiento de 110 l/sg de aguas del río Medio, en los ayuntamientos de Vilarmaior y Miño (A Coruña), con destino a la producción de energía eléctrica, por interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos por causa imputable al titular y, en consecuencia, la extinción del derecho.
