El conselleiro de la Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública dictó, con fecha 19 de octubre de 2001, resolución en el procedimiento de compatibilidad incoado por Daniel Valenzuela Fernández, y le autoriza la compatibilidad solicitada en los términos y con las condiciones que se indican en la misma.

Intentada la notificación de la citada resolución a través del servicio de correos, por dos veces, al domicilio indicado por el interesado a efectos de noti

ficaciones, así como otras dos veces a su centro de trabajo, esta no se pudo practicar, siendo devuelta por el servicio de correos.

En virtud de las razones expuestas, esta dirección general, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en concordancia con su artículo 61, en virtud del presente anuncio, notifica a Daniel Valenzuela Fernández la resolución del conselleiro de la Presidencia y Administración Pública, de fecha 19 de octubre de 2001, por la que se resuelve en determinados términos la solicitud de reconocimiento de compatibilidad formulada por el interesado entre actividad pública y privada.

El solicitante podrá recoger la resolución mediante comparecencia en la Subdirección General de Régimen Jurídico y Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública, situada en el Edificio Administrativo San Caetano 1-3º en Santiago de Compostela, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el DOG.

Contra la referida resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el interesado, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el conselleiro de la Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su comparecencia para recoger la resolución o, en todo caso, al del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior sin que el interesado comparezca, o, directamente, el recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados del mismo modo, ante, a elección del/a demandante, el juzgado de lo contencioso-administrativo de la circunscripción en la que tenga aquel su domicilio o en el de Santiago de Compostela, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de febrero de 2002.

Joaquín López-Rúa Soler

Director general de la Función Pública

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