De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se notifica al inte

resado , con el último domicilio conocido en avda. de Castrelos, 213 bajo Vigo-Pontevedra, la resolución de los recursos de alzada números U-2001/0110 y U-2001/0111, promovidos respectivamente por Manuel Rodríguez Durán y por Modesto Durán Magdaleno, contra la resolución dictada por el director general de Urbanismo, de 5 de febrero de 2001, por la que se les impone a cada uno de ellos una multa coercitiva de 500.000 pesetas (3.005,06 A), consecuencia del incumplimiento de la resolución del delegado provincial de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de Pontevedra, de fecha 15 de febrero de 2000, recaída en el expediente de reposición de la legalidad urbanística DU-22, que declara ilegalizables y ordena la demolición de las obras de construcción de viviendas unifamiliares, en el lugar de Cova da Barxa, ayuntamiento de Vigo, cuya parte dispositiva dice:

Resuelvo desestimar los recursos de alzada números U-2001/0110 y U-2001/0111, promovidos respectivamente por Manuel Rodríguez Durán y por Modesto Durán Magdaleno, contra la resolución dictada por el director general de Urbanismo, de 5 de febrero de 2001, por la que se les impone a cada uno de ellos una multa coercitiva de 500.000 pesetas (3.005,06 A), consecuencia del incumplimiento de la resolución del delegado provincial de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de Pontevedra, de fecha 15 de febrero de 2000, recaída en el expediente de reposición de la legalidad urbanística DU-22, que declara ilegalizables y ordena la demolición de las obras de construcción de viviendas unifamiliares, en el lugar de Cova da Barxa, ayuntamiento de Vigo; resolución que se confirma.

Se les apercibe de que, en el caso de incumprimiento de la orden de demolición, se procederá, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54.3º RDU, a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas cuercitivas reiterables hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado, en cuantía que oscilará entre las 50.000 y las 500.000 pesetas (300,51 y los 3.005,06A) en función de las circunstancias concurrentes y del costo estimado de las actuaciones necesarias para restaurar la legalidad, o mediante la ejecución subsidiaria a costa del interesado.

Contra esta resolución, que se transcribe definitiva en vía administrativa cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de conformidad con los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme con lo dispuesto en el artículo 46.1º de la citada Ley 29/1998.

Y para que conste y les sirva de notificación a los interesados, firmo y sello la presente cédula.

Santiago de Compostela, 12 de diciembre de 2001.

José Antonio Fernández Vázquez

Secretario general de la Consellería de Política

Territorial, Obras Públicas y Vivienda

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA

Y COMERCIO