De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en la Ley 4/1999, que modifica parcialmente la citada Ley 30/1992, se notifica a la persona que se relaciona en el anexo, en su condición de promotora, la resolución del delegado de esta consellería en Pontevedra, recaída en el expediente administrativo sancionador, por los

hechos señalados, presumiblemente constitutivos de una infracción a la Ley 22/1988, de 28 ed julio, de costas, (en lo sucesivo L.C.) y a su Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la L.C., aprobado por R.D. 1471/1989, de 1 de diciembre, y modificado por los RR.DD. 1112/1992, de 18 de septiembre, y 1771/1994, de 5 de agosto (en lo sucesivo R.C.).

Contra esta resolución se puede interponer, según el artículo 114 y siguientes de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, recurso de alzada ante el conselleiro de Medio Ambiente en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia.

Pontevedra, 9 de octubre de 2001.

José Luis Díez Yáñez

Delegado provincial de Pontevedra

ANEXO

Expediente número: 5.8/1991.

Denunciada: Mª Cruz Nogueira Soto.

Condición: promotora.

Último domicilio conocido: c/ Rosalía de Castro, edif. Playamar, nº 28-5º F, Vilagarcía de Arousa.

Fecha de la resolución: 26-9-2001.

Hechos: construcción de un galpón de bloques y de una plataforma de hormigón.

Lugar: Punta Arruda.

Ayuntamiento: A Illa de Arousa.

Preceptos infringidos: artículos 25.2º y 26.1º de la L.C. y artículos 44.3º, 46.1º y 48.1º del R.C.

Preceptos sancionadores: artículos 90 c), 91.2º e), 92 y 95.1º de la L.C. y artículos 174 c), 175.2º e), 176.1º y 179.1º del R.C.

Calificación de la infracción: grave.

Resolución: ordenar a Mª Cruz Nogueira Soto volver los terrenos en los que se ejecutaron las obras objeto de este expediente a su primitivo estado, debiendo realizarlo en el plazo de un mes, desde que sea definitiva, en vía administrativa, la resolución que sobre el particular recaiga. Transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplimentado lo ordenado, se procederá a la ejecución subsidiaria por la Administración a costa de la obligada.