Agustín Ignacio Pena López, secretario del Juzgado de lo Social número uno de A Coruña hago saber que en los autos número 96/2001, seguidos a instancia de Santiago Fraga Martínez contra Garova, S.L., sobre despido, la magistrada de este juzgado, María Antonia Rey Eibe, dictó sentencia, en la fecha 11-4-2001, con la siguiente parte dispositiva:

Que estimando la demanda interpuesta por Santiago Fraga Míguez contra la empresa Garova, S.L., debo declarar y declaro la improcedencia del despido, y declaro la extinción de la relación laboral existente entre las partes por el cierre de la empresa, condenando a dicha demandada a que haga el pago al actor de la suma de 2.007.200 pesetas en concepto de indemnización, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de la presente resolución, con la absolución del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que pudiese corresponderle.

Notifíquese esta resolución a las partes, a las que se hará saber que contra la referida sentencia cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que deberá anunciarse ante este juzgado en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de esta resolución y, en el propio término, si el recurrente fuese patrón, deberá mostrar resguardo acreditativo de haber hecho el depósito en la cuenta de consignaciones de este juzgado, abierta en el Banco Bilbao-Vizcaya, de la cantidad objeto de la condena, identificador 5602-60, y el depósito especial de 25.000 pesetas en la misma cuenta, identificador 5602-65, requisitos sin los cuales no podrá tenerse por anunciado el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y lo firmo.

Y para que firma de notificación a la empresa Garova, S.L., que tuvo su última dirección en As Barreiras, s/n, Bértoa, Carballo, que en la actualidad se desconoce, y a fin de su publicación en el Diario Oficial de Galicia expido y firmo este edicto en A Coruña a 11 de abril de 2001.

El secretario judicial

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