De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y de la Ley 4/1999, que modifica parcialmente la citada Ley 30/1992, se notifica a las personas que se relacionan en el anexo, en su condición de interesados como propietarios actuales, la resolución del delegado de esta Consellería en Pontevedra, recaída en el expediente administrativo sancionador, por los hechos señaldos, presumiblemente constitutivos de una infracción a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, (en lo sucesivo L.C.) y a su reglamento general para el desarrollo

y ejecución de la L.C., aprobado por R.D. 1471/1989, de 1 de diciembre, y modificado por los RR.DD. 1112/1992, de 18 de septiembre, y 1771/1994, de 5 de agosto (en lo sucesivo R.C.).

Contra esta resolución se puede interponer, según el artículo 114 y siguientes de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, recurso de alzada ante el conselleiro de Medio Ambiente en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de éste anuncio en el Diario Oficial de Galicia.

Pontevedra, 16 de abril de 2001.

José Luís Aboal García-Tuñón

Delegado provincial de Pontevedra

ANEXO

Expediente número: 85.1/1999.

Interesados: Jose Luis Rodríguez García y Mª Pilar Outeiriño Aguiar.

Condición: propietarios actuales.

Último domicilio conocido: c/ Mestre Monte, nº 6-3º D. Vigo.

Fecha de la resolución: 26-3-2001.

Hechos: instalación de una casa prefabricada y cierre de parcela.

Lugar: As Aceñas.

Ayuntamiento: a Illa de Arousa.

Preceptos infringidos: artículos 25.1º a) e 26.1º de la L.C. y artículos 44.3º y 45.1º del R.C.

Preceptos sancionadores: artículos 90 c), 91.2º e), 95.1º y 97.1º b) de la L.C. y artículos 174 c), 175.2º e), 179.1º y 183 b) del R.C.

Calificación de la infracción: grave.

Sanción: 619.710 pesetas.

Medidas correctoras: en aplicación de los artículos 95.1º y 179.1º del R.C., el infractor estará obligado a la restitución de las cosas y su reposición a su estado anterior, debiendo realizarlo en el plazo de de un mes desde que la resolución sea definitiva en vía administrativa. Transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplimentado lo ordenado, se le impondrá una multa coercitiva por importe de sesenta y una mil novecientas setenta y una pesetas mensuales (61.971 pesetas) hasta su total ejecución, procediéndose a su ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa, caso de que éste no lo lleve a cabo.